Montevideo -- El proyecto de ley de despenalización del aborto, que la Cámara de Diputados de Uruguay tiene previsto aprobar el próximo martes, fue rechazado hoy por organizaciones de mujeres y sindicatos del país, al considerar que no despenaliza realmente la interrupción del embarazo y desprotege a las féminas.

En una conferencia organizada por la Coordinadora por el Aborto Legal en Uruguay, en la sede de la central obrera (PIT-CNT), el proyecto a estudio del Parlamento sumó críticas.

“Es una tomadura de pelo” dijo Lilian Abracinskas, integrante de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva, quien aseguró que el proyecto de ley hace “inaccesible el acceso al aborto”.

El texto “violenta los derechos de las mujeres y muestra la gran influencia que aun hoy tienen determinados grupos religiosos en el país”, añadió.

Según la Coordinadora, que integran organizaciones civiles y sindicatos, el proyecto de ley dificulta más el acceso de la mujer al aborto, penaliza cualquier procedimiento que se establezca fuera de lo marcado y denuncian la “humillación” a la que se somete a las mujeres al tener que entrevistarse con un “tribunal” explicando por qué quieren practicarse un aborto.

Además destaca que, aún teniendo la mujer grave riesgo de salud, se debe tratar de salvar la vida del embrión o feto, hecho que, según denuncia el colectivo, “la ubica en una situación de gran indefensión y riesgo de vida”.

“Ninguna de las propuestas realizadas por la Coordinadora fueron tomadas en cuenta en el proyecto, el Parlamento le ha dado la espalda a las mujeres y a la sociedad civil organizada”, afirmó Abracinskas

Justo hoy se publicó una encuesta realizada por la consultora Cifra, que señala que el 52 por ciento de la población de Uruguay está a favor de despenalizar el aborto, mientras que el 34 % lo censura y el 14 por ciento no se pronuncia.

El proyecto de ley que se someterá a votación la próxima semana en la Cámara de Diputados, fue presentado por el Partido Independiente (PI) tras un proceso de negociaciones con el oficialista Frente Amplio (FA).

La iniciativa para la “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo” señala que antes de las doce semanas de gravidez la mujer debe concurrir a una consulta médica habilitada por el Ministerio de Salud Pública para “explicar las razones” por las cuales “de acuerdo a condiciones de penurias económicas, sociales, familiares o etarias no quiere continuar con su embarazo”.

Posteriormente, el médico deberá concretar una consulta de la paciente con un equipo multidisciplinario, integrado por al menos tres profesionales, “uno de los cuales debe ser contrario a la practica del aborto”, otro experto en tratamiento sicológico y otro en temas sociales, para recomendar a la mujer diferentes opciones al aborto.

Después, la mujer tendrá unos días para reflexionar sobre lo conversado en esa entrevista y si mantiene su postura recién entonces podrá someterse a la interrupción del embarazo.

El proyecto de ley no “legaliza” el aborto sino que lo “despenaliza” y ese matiz permite que algunos legisladores le den su voto.

El Senado uruguayo aprobó el pasado diciembre otro proyecto que legalizaba, pero desde entonces se encuentra varado en la Cámara de Diputados porque su principal impulsor, el Frente Amplio, no logró reunir los votos necesarios debido a que dos de sus diputados se negaron a votarlo.

El tema de la despenalización del aborto divide a todos los partidos con representación parlamentaria y en los últimos meses han sido constantes las negociaciones entre legisladores de todos ellos para buscar un proyecto de ley que cuente con los votos suficientes para su aprobación.

Pese a estar penado por la ley, en Uruguay se producen unos 30,000 abortos al año según cifras oficiales, aunque el número podría duplicarse de acuerdo a estimaciones de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.