Quito -- Un juez ecuatoriano negó el viernes una petición para que se revoque la prohibición del presidente, Rafael Correa, de que los ministros den entrevistas a medios de comunicación privados “mercantilistas”.

El juez Raúl Reinoso argumentó que esa prohibición “no es una política pública”, sino “una alocución que el Señor Presidente Constitucional de la República ha implementado en su Gobierno”.

Por tanto, concluyó que “no existe vulneración de derechos constitucionales”, según explicó en la sentencia, de 10 páginas.

Presentó la solicitud la organización no gubernamental Fundamedios con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Santiago Guarderas, director de ese Centro, quien argumentó el caso ante el juez, dijo hoy en una rueda de prensa que apelarán el dictamen ante la Corte Provincial de Pichincha en los próximos tres días.

El letrado enfatizó que la medida presidencial es discriminatoria y que los ministros y el propio Correa “tienen que concurrir a todos los medios privados, no (solo) a los que ellos quieren concurrir porque no tienen preguntas que les incomoden”.

Por su parte, Vicente Peralta, el abogado de la Presidencia, afirmó en una audiencia sobre el tema el pasado lunes que los ministros no tienen obligación de otorgar entrevistas a los medios.

El presidente hizo pública su decisión el pasado junio, cuando también instó a sus seguidores a no comprar lo que él define como “la prensa corrupta”.

“¿Por qué nuestros ministros tienen que ir a dar entrevistas en Ecuavisa, en Teleamazonas, El Universo, sin son negocios privados? ¿Acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional?”, se preguntó entonces el mandatario.

Correa arremete con frecuencia contra algunos de los principales medios de comunicación privados del país, a los que acusa de anteponer sus intereses económicos al celo periodístico.

También critica a menudo a Fundamedios, cuyo coordinador de Proyectos, Mauricio Alarcón, recalcó que quien pierde con la decisión judicial emitida hoy “es el ciudadano”, cuyos derechos fundamentales están siendo violados, a su juicio.

“Nos deja en un estado de indefensión, y en la obligación a los ciudadanos de ver determinados medios de comunicación si es que queremos obtener información relacionada a la actividad de los ministros”, añadió.

Del mismo modo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo en junio que la medida “comete graves faltas contra el principio de transparencia que tienen por mandato los servidores públicos en una democracia”.