La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el lunes su rechazo a las “amenazas” emitidas por el Gobierno de Argentina contra el Grupo Clarín a través de espacios publicitarios de televisión en los que le insta a deshacerse de parte de sus medios para adecuarse a la ley.

Además, condenó que se “deslegitime” a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que discute un recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley de Medios, cuyo fallo podría ser emitido a principios de diciembre.

“Deploramos que el Gobierno use un ‘spot’ para difundir propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un medio que no se apega a sus puntos de vista y para presionar a los jueces a emitir un resultado que le favorezca”, expresó Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El también director del diario La República de Perú subrayó en un comunicado que “esta nueva acción se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios críticos y contra la Justicia para que falle a favor del Gobierno en torno a la Ley de Medios”, parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales.

“También pone en entredicho la independencia sobre la que debe sostenerse el poder judicial en una democracia”, advirtió.

Según la SIP, el pasado sábado se emitió en la televisión pública argentina, durante las pausas publicitarias de partidos de fútbol y carreras de automovilismo, un anuncio de cuatro minutos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que enfatizaba que el próximo 7 de diciembre entrará en vigor el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009 (Ley de Medios).

Ese artículo regula la cantidad de licencias permitidas por la ley para una empresa y, en caso de exceder el límite, obliga a los medios a desprenderse o vender sus permisos de operación en menos de un año.

El Grupo Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad de ése y otro artículo, cuya aplicación se mantiene suspendida tras las medidas cautelares ratificadas por la Corte Suprema.

Según la SIP, el citado anuncio advertía que si antes del 7 de diciembre el Grupo Clarín no reduce la cantidad de medios que posee, “el Estado argentino se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.

En respuesta, el Grupo Clarín afirmó en otro anuncio que si para esa fecha -establecida por la Corte para dictar sentencia- no se produce un fallo, podrían prolongarse las medidas cautelares o se dispondría de un año, el plazo contemplado en la ley, para resolver la disposición.

Mohme, agregó que “en vez de irrespetar una medida cautelar, el Gobierno debería aprovechar los espacios públicos para fomentar el espíritu de la ley sobre democracia y libertad de prensa más plural y diversa”.

“Paradójicamente en los últimos años en Argentina -dijo en referencia a informes y misiones de la SIP al país- hemos visto cómo el Gobierno ha utilizado mecanismos para favorecer y castigar a medios a través de publicidad oficial y licencias de operatividad, entre otros métodos de censura indirecta”.