América Latina

Víctimas de guerra civil en Guatemala exigen justicia contra culpables

 
 

Los manifestantes portan cruces con los nombres de los pueblos donde ocurrieron masacres llevadas a cabo por los militares durante la guerra civil de Guatemala.
Los manifestantes portan cruces con los nombres de los pueblos donde ocurrieron masacres llevadas a cabo por los militares durante la guerra civil de Guatemala.
Moises Castillo / AP

Agence France Presse

Víctimas de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) marcharon este miércoles en la capital del país para exigir avances en los juicios contra altos mandos militares acusados de genocidio durante el conflicto armado, observó la AFP.

Víctimas de la guerra o sus familiares realizaron una marcha pacífica en el llamado centro histórico de la capital con ataúdes de madera y cruces grabadas con los nombres de varias comunidades que fueron masacradas por el ejército entre 1982 y 1986.

La caminata inició ante el local de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala y finalizó en la sede de la estatal Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Los manifestantes pidieron al director de la PDH, Jorge de León, que sea garante en los procesos judiciales contra militares, que, según denuncian, han sido retrasados maliciosamente por los defensores de los acusados, que pretenderían una amnistía.

Uno de los abogados que asiste a las víctimas, Héctor Reyes, dijo a periodistas que los defensores de generales retirados como el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) interponen recursos legales para evitar que los uniformados sean procesados, “provocando violaciones al debido proceso”.

La petición fue acompañada por representantes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), organizaciones sociales que apoyan a las víctimas.

Al ex dictador Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro los peores años de la guerra, se le acusa de la masacre de 201 indígenas en la aldea Dos Erres, en Baja Verapaz, unos 250 kilómetros al norte de la capital, a finales de 1982.

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