Washington -- - Los abogados de la bloguera y activista cubana Yoani Sánchez presentaron hoy una queja contra Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una serie de violaciones a sus derechos, y pidieron medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

El equipo de abogados de la firma Aparicio, Arp, Schamis & Associates presentó formalmente la queja ante la CIDH, en la que detallan que las autoridades cubanas han violado los derechos de Sánchez y la han sometido a una campaña de hostigamiento y represión por sus actividades.

“Yoani Sánchez viene sufriendo crecientes violaciones a su integridad personal y es sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que están poniendo en grave riesgo su vida y su integridad personal”, reza el documento.

La activista “pide protección a la CIDH y espera que ésta se pronuncie en forma inmediata sobre la solicitud de medidas cautelares y posteriormente sobre el fondo de las violaciones a sus derechos fundamentales por parte del Estado cubano”, agrega la denuncia, que incluye entre 30 y 40 documentos para sustanciarla.

“Su integridad y seguridad están en peligro”, advirtió a la salida de la CIDH el expresidente del Comité Interamericano Judicial Jaime Aparicio, miembro de la firma legal.

En declaraciones a los periodistas, los abogados, que empezaron a documentar el caso hace seis meses, sostuvieron que Cuba ha violado los derechos de Sánchez mediante detenciones arbitrarias y censura su blog -al que no se puede acceder en la isla-, además de suprimir el principio de igualdad, de su libertad de expresión, de libertad de movimiento para salir del país y del debido proceso, entre otros.

En ese sentido, explicaron que Sánchez ya intentó recurrir ante las autoridades judiciales en Cuba sin ninguna respuesta para resolver su caso o siquiera un acuse de recibo.

“Ella lleva desde el 2007 sin poder salir, sin poder viajar… Cuba ha denegado de facto su autorización para poder salir”, explicó el abogado Björn Arp.

“Estamos impugnando la violación de una obligación jurídica por parte del Estado cubano, no hacemos otra cosa”, agregó Arp, al afirmar que desean “establecer un diálogo con el Gobierno” cubano sobre el tema de los derechos humanos.

Consultada por Efe, la Sección de Intereses de Cuba aún no ha respondido a la presentación formal de la queja ante la CIDH, que coincidió con el Día Internacional del Derecho a Saber.

Por su parte, Tomás Bilbao, director ejecutivo del influyente “Cuba Stuy Group”, dijo a Efe que su grupo “apoya el derecho de todo ciudadano cubano a expresarse libremente y de buscar remedios legales cuando sienten que esos derechos han sido violados”.

Los abogados mostraron copias del pasaporte vigente de Sánchez en las que aparecen una decena de visados otorgados a Sánchez por parte de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Alemania, Noruega, Polonia, Chile y Canadá, para poder salir de Cuba.

Sánchez ha solicitado desde 2007 un permiso de salida de Cuba para participar en foros o recibir diversos premios en el exterior, pero las autoridades de La Habana han respondido únicamente con el silencio y la devolución de su “tasa administrativa” o pago de los trámites, dijo Arp.

La medida cautelar busca proteger la integridad física de Sánchez ya que, según sus abogados, recibe amenazas y ya fue detenida entre 2009 y principios de 2010 como parte de una campaña de presión para que dejase de publicar su blog llamado “Generación Y”, según los abogados.

La queja afirma que Cuba está vinculada por las disposiciones de la Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ambas suscritas en Bogotá en 1948.

Aunque Cuba no sea parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos “han establecido que la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para todos los Estados miembros de la OEA”, indicó el documento.

El Gobierno de Cuba tiene previsto emitir en mayo de 2013 en Ginebra su informe y “estos casos, por ejemplo, los va a tener que justificar”, dijo Aparicio.

La CIDH puede emitir la medida cautelar incluso antes de decidir sobre la admisibilidad del caso contra Cuba y divulgar un informe de fondo, como parte de un proceso que puede durar al menos entre dos y tres años.

La queja ante la CIDH, órgano supervisor de los derechos humanos en el hemisferio, sirve como medida de presión para que el Gobierno de Cuba garantice los derechos y la integridad física de Sánchez.