Buenos Aires -- La presidenta argentina, Cristina Fernández, llamó el lunes a la “unidad nacional” durante un acto en el que designó a un diputado oficialista al frente del organismo que desarrollará la Ley de Medios, en medio de una polémica sobre la libertad de expresión.

En su primer acto público tras su viaje a Estados Unidos, la presidenta nombró a Martín Sabbatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el organismo encargado de desarrollar la Ley de Medios impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento en el 2009 para regular el mapa de los medios de comunicación del país.

La mandataria aprovechó también para hacer un llamamiento a la “unidad nacional” y se felicitó por presidir un país “diverso, plural, donde hay debate, donde hay política, sobre todo donde hay la democracia más plena de la que se ha gozado desde décadas y décadas en toda nuestra historia”.

Fernández evitó entrar de lleno en la polémica sobre la libertad de expresión agravada tras sus controvertidos comentarios sobre la prensa argentina ante alumnos de universidades estadounidenses.

En su visita a las universidades de Georgetown y Harvard, la presidenta aseguró que habla “muchísimo” con periodistas acreditados en la Casa Rosada, con conferencias de prensa periódicas.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada respondieron con un comunicado en el que recordaron que ofreció su última rueda de prensa el 15 de agosto del 2011 y aclararon que, cuando consiguen acercarse a ella después de actos oficiales, “habitualmente no responde preguntas”.

Además, el Gobierno tiene abierto otro frente de tensión con el mayor multimedia del país, el grupo Clarín, el más afectado por la Ley de Medios, que establece que un grupo empresario puede operar un máximo de 24 licencias de televisión por cable y 10 de radio o televisión en abierto.

Según el Ejecutivo, Clarín cuenta con 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta.

El Gobierno ha puesto en marcha una campaña publicitaria en la que advierte que la Ley entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, fecha límite para que el grupo Clarín “desinvierta” en sus medios audiovisuales.

Clarín, por su parte, ha respondido con otra campaña en la que recuerda que impugnó la ley y que la Justicia aún no se ha pronunciado.

La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), que agrupa a editores de diarios, se sumó a la controversia para cuestionar la actitud del Gobierno respecto a Clarín por considerar que configura “un hostigamiento y una amenaza inaceptables contra un medio de comunicación, a partir de una interpretación sesgada de un fallo judicial”.

Según ADEPA, la libertad de expresión es “degradada” desde el poder, que descalifica “a los que piensan distinto, sean medios de comunicación o ciudadanos dispuestos a expresar su opinión sobre asuntos públicos”.