Santiago de Chile -- El subsecretario chileno de Minería, Pablo Wagner, renunció el martes a su cargo después de que el Gobierno anulara el lunes la polémica licitación de la explotación del litio debido a que la empresa adjudicataria, la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), mantiene litigios con el Estado.

“Lamentablemente, no se pudo alcanzar el objetivo trazado. A mí me corresponde asumir esa responsabilidad”, dijo el subsecretario al leer una declaración pública en el Palacio de la Moneda, donde anunció su dimisión.

Esa adjudicación, anunciada hace ocho días, estuvo también en entredicho porque el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Patricio de Solminihac, es hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien dijo haberse inhabilitado durante el proceso de licitación.

Además, en la propiedad de SQM participa un exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

SQM había presentado una oferta de unos $40.6 millones para extraer 100,000 toneladas de litio por un periodo de veinte años mediante la firma de un contrato especial de operación del litio (CEOL) con el Estado.

Con ello superó las otras dos propuestas seleccionadas, la del consorcio coreano-japonés Posco Consortium, que ofreció $17.3 millones, y la de la chilena Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, cuya oferta alcanzó los $5.8 millones.

Fue precisamente una de las firmas asiáticas la que impugnó la licitación al advertir que SQM tenía juicios pendientes contra el Estado, cuando las bases exigían que los postulantes no tuvieran este tipo de litigio.

El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró en una rueda de prensa en La Moneda que el subsecretario presentó su dimisión de forma “voluntaria” y le agradeció que haya asumido su responsabilidad política, ya que fue él quien condujo este proceso.

Su renuncia ha sido aceptada por el presidente, Sebastián Piñera, que hoy se encuentra en Lima para participar en una cumbre de países suramericanos y árabes. Será él quien determinará cuándo se abrirá un nuevo proceso de licitación, adelantó Chadwick.

El portavoz defendió que el Ejecutivo ha actuado “con transparencia y de inmediato” al detectar el error y descartó que el ministro de Minería tenga responsabilidad alguna, ya que él no participó en la adjudicación.

El Ejecutivo chileno recurrió a un contrato especial de operación porque, aunque la Ley de Minería de 1973 define el litio como un mineral “estratégico” y no concesible, la Constitución permite suscribir esa clase de contratos para este tipo de recursos.

Se estima que Chile posee cerca de un cuarto de las reservas mundiales de litio, y el Gobierno preveía recaudar $350 millones a través del cobro del 7 por ciento de las transacciones de la empresa adjudicataria.

La oposición ha reclamado que su licitación se discuta en el Parlamento, por ser este un recurso estratégico con una demanda creciente por su uso en la industria informática, la telefonía móvil y, en especial, la automovilística.