HARTFORD -- Jennifer García se presentó sola ante un juez con una pila de documentos legales en sus manos y respondió a preguntas sobre su vida personal.

La mujer ha fungido como su propia abogada en la corte familiar del estado en un caso de paternidad, mantenimiento infantil y visitas familiares que va y viene desde hace tres años. Sin embargo, representarse a sí misma en un tribunal frente a extraños aún la pone nerviosa.

“A veces tengo esta sensación en mi estómago porque uno nunca sabe qué dirá el juez”, comentó esta madre soltera de 23 años, que tiene dos hijos.

García, de Hartford, es parte de un creciente grupo de personas que optan por representarse a sí mismos en las cortes civiles de la nación debido a que no pueden pagar los abogados, que suelen cobrar entre $200 y $500la hora.

Este fenómeno ha desbordado a los tribunales y provocó campañas para que los abogados cumplan con lo que el Colegio de Abogados de Estados Unidos considera su responsabilidad profesional: ofrecer servicios legales gratuitos a la gente que los necesita.

El incremento en la cantidad de gente que se representa a sí misma obedece en buena medida a la recesión, pues cada vez menos personas pueden costear los gastos de un abogado. Además, abundan las ejecuciones hipotecarias, cobranzas de deuda y bancarrota, dijeron jueces y abogados.

Según los jueces, la gente que se representa a sí misma provoca demoras en los procesos legales debido a que, por lo general, desconocen los puntos legales a argumentar o qué mociones interponer.

“Hay una crisis en este país”, dijo John Levi, presidente de la junta de Legal Services Corp., organización de Washington que es la que más aporta al financiamiento de la asistencia jurídica gratuita civil para los pobres en Estados Unidos. “Los tribunales están llenos de gente que se presenta a ciegas, tratando de averiguar cuáles son sus derechos. Si usted es una persona de bajos ingresos con una necesidad legal, no es fácil conseguir ayuda”.

Legal Services cuenta con un equipo de 58 miembros que trabajan gratuitamente y que incluyen jueces, abogados, decanos de escuelas de leyes y otros expertos legales.

En una época en que la demanda se incrementa, a LSC le han recortado sus fondos. El financiamiento del gobierno federal para LSC cayó 17 por ciento a $348 millones este año, en comparación con los $420 millones que tuvieron en 2010. LSC financia 135 grupos de ayuda legal en todo el país y atiende a unos 900,000 clientes al año, pero debe rechazar una cantidad similar de personas que buscan ayuda debido a falta de personal.

Menos del 20 por ciento de las necesidades legales de la gente de bajos ingresos son atendidas con la ayuda de servicios de abogacía gratuitos privados, dijo LSC.

Y se espera que la cantidad de personas con ingresos por debajo del 125 por ciento del nivel federal de pobreza –el ingreso límite para ser acreedor a ayuda legal gratuita– alcance este año los 66 millones, la cifra más alta de la historia. Una familia de cuatro integrantes que gana 125% del nivel federal de pobreza tiene ingresos de unos $28,800 al año, según las cifras gubernamentales.