Sur de la Florida

Magistrados de la Florida se defienden de intereses políticos

 
 

El presidente del Tribunal Supremo Fred Lewis coloca el mazo sobre las manos a Peggy Quince después de ser juramentado como 53er presidente del Tribunal Supremo de la Florida por Barbara Pariente (der.) en junio del 2008 en Tallahassee, Florida.
El presidente del Tribunal Supremo Fred Lewis coloca el mazo sobre las manos a Peggy Quince después de ser juramentado como 53er presidente del Tribunal Supremo de la Florida por Barbara Pariente (der.) en junio del 2008 en Tallahassee, Florida.
Steve Cannon / AP

Herald/Times

El comité anfitrión para recaudar fondos de campaña celebrado en el Hotel DoubleTree de esta ciudad en junio incluyó al ex gobernador Reubin Askew, cinco ex magistrados de la Corte Suprema y algunos de los más prominentes abogados y cabilderos de la Florida.

Pero a diferencia de la mayoría de las reuniones políticas en Tallahassee, los beneficiarios no eran políticos. Eran tres magistrados de la Corte Suprema de la Florida: R. Fred Lewis, Barbara Pariente y Peggy Quince, quien cada uno enfrenta votos de sí o no en la elección estatal de retención de mérito del mes próximo.

Los magistrados se han desprendido de sus vestiduras ceremoniales para ocuparse de la política en respuesta a lo que se ha convertido en la elección más políticamente cargada de retención de mérito en la historia del estado. Ellos luchan por sus vidas judiciales mientras se defienden de varios grupos conservadores que desean sacarlos del alto tribunal.

En la Florida, grupos del Tea Party y el Partido Republicano estatal han tomado como objetivos a los magistrados, con un grupo conservador incluso financiando anuncios de televisión.

Para combatir los ataques, los magistrados han contratado a consultores políticos, creado sitios en la internet, y establecido comités políticos para recaudar dinero. Sus partidarios han recaudado al menos $330,000 para cada magistrado – más que para la mayoría de candidatos a la Cámara estatal de Representantes.

Las una vez aletargadas y no partidistas campañas de retención de mérito son ahora unas batallas políticas caras.

“Tenemos que hablar claro y educar, de otra forma los ataques quedarían sin responder”, explicó el viernes Quince a los votantes en un foro en el Coolegio de Leyes de la Universidad Estatal de la Florida (FSU).

Contrario a otros políticos, que se pueden defender a sí mismos contra las críticas, las reglas judiciales en la Florida prohíben a los magistrados solicitar donaciones y a menudo no pueden hablar de los casos por los que se les ataca.

“Es como tener dos manos y una pierna amarradas a la espalda”, dijo Pariente, una veterana de 15 años en la corte. “No somos políticos. Todo lo que podemos prometer hacer es ser justos e imparciales’.

Para hablar y recaudar su dinero, los magistrados han creado “Comités de Personas Responsables”. Por primera vez, también se ha formado una 527 – una organización política exenta de impuestos – para transmitir anuncios políticos en su defensa.

Los líderes republicanos dicen que están enojados con lo que alegan son fallos políticos de la alta corte. En los dos últimos años, la corte ha rechazado varias enmiendas preparadas por la legislatura dominada por los republicanos y anulado un puñado de leyes controversiales. La destitución exitosa de los tres magistrados le daría al gobernador republicano Rick Scott la oportunidad de seleccionar sustitutos,

“Esta es una batalla de ideas, una diferente visión del mundo”, dijo Lenny Curry, presidente del Partido Republicano de la Florida.

El comité ejecutivo del partido votó unánimemente el mes pasado para oponerse a los magistrados después de permanecer en silencio en cada una de las elecciones de retención de mérito desde que se estableció el sistema en 1976.

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