Buenos Aires -- El Gobierno argentino garantizó el martes el pago de sueldos de las fuerzas de seguridad pero adelantó que no atenderá el reclamo salarial exigido por los efectivos de Gendarmería y Prefectura y anunció denuncias penales.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, atribuyeron hoy a un “desquicio administrativo” los ajustes salariales que derivaron en el conflicto desatado en las fuerzas de seguridad, que hoy cumplió su octavo día.

Ambos adelantaron que el Ministerio de Seguridad demandará a abogados, agentes y “algunos juzgados puntuales” que cometieron irregularidades en las liquidaciones de salarios.

Abal y Lorenzino rechazaron los 7.000 pesos (unos 1.100 euros) de salario básico exigidos por gendarmes y prefectos.

“No hay ningún área del Estado que tenga un salario básico de esta naturaleza. Es un reclamo que viene del desconocimiento de personas que han sido usadas durante tiempo”, afirmó Abal Medina en una rueda de prensa.

Además, insistieron en que la reorganización salarial impulsada por el Gobierno garantiza mejoras para la mayoría de los efectivos.

“Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes (pagos de salario) correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes”, afirmó Abal Medina.

El Gobierno se había comprometido a anunciar hoy una respuesta a los reclamos de las fuerzas de seguridad, que pedían un salario base de 7.000 pesos y garantías de que no habría represalias contra los participantes en las protestas.

El conflicto estalló el pasado martes, cuando gendarmes y prefectos salieron a la calle a protestar por la aplicación de un decreto de reordenación salarial aprobado por el Ejecutivo que se tradujo en recortes del 30 al 60 % en sus percepciones de septiembre.

El gendarme Raúl Maza, uno de los voceros de los efectivos acampados frente a la sede de Gendarmería, denunció el sábado que al menos ocho efectivos, entre ellos él mismo, han sido sancionados con su “pase a disponibilidad”, una fase previa al retiro, por su participación en las protestas.