El subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Mike Hammer, criticó que el gobierno cubano no tome con seriedad el caso del contratista estadounidense Alan Gross y acceda a resolver el problema sobre la base de una salida humanitaria.

“Lamentamos la falta de seriedad por parte del gobierno cubano en este tema”, dijo Hammer en una conferencia de prensa realizada el fin de semana en Washington D.C. “Este es un caso claramente humanitario que debería resolverse de inmediato”, agregó.

Gross, de 62 años, fue arrestado en la capital cubana el 3 de diciembre del 2009. Trabajaba para Development Associates International, con base en el área suburbana de Washington D.C. El grupo fue contratado por la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional con la orden de administrar algunos de los programas que promueven la democracia y la sociedad civil en Cuba.

Según analistas y observadores sobre la situación, el caso Gross acabó con un tímido acercamiento que se inició con la nueva presidencia de Barack Obama. Washington sostiene que mientras Gross esté preso no habrá avances en la relación entre Cuba y Estados Unidos, sin nexos diplomáticos desde hace medio siglo.

Las peticiones a favor de la excarcelación sin condicionamientos de Gross han sido formuladas también por la comunidad judía de Estados Unidos, como la Unión Americana de Sobrevivientes del Holocausto Judío y sus Descendientes.

“Pedimos al presidente Castro que considere la situación de salud y familiar de Gross y lo libere por razones humanitarias”, señaló recientemente una petición firmada por el vicepresidente de la Unión, Elan Steinberg.

Gross es un activo miembro de esa comunidad que ha desarrollado múltiples proyectos humanitarios en el mundo y mejorado las vidas de miles de personas.

Recientemente los abogados de Gross presentaron un informe médico a partir de pruebas entregadas por las autoridades cubanas que indica la posibilidad de un cáncer. En ese contexto, Judy Gross, esposa del contratista, pidió al gobernante Raúl Castro que considere el estado de su marido.

Mientras tanto, un tribunal provincial de Bayamo podría dar a conocer esta semana un dictamen contra Angel Carromero, de 27 años. Carromero, militante de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de España, está acusado por causar la muerte del reconocido disidente Oswaldo Payá y Harold Cepero en un choque automovilístico, el 22 de julio.

Los fiscales cubanos piden una sentencia de siete años de prisión, es decir, 42 meses por cada muerte, por un cargo de homicidio vehicular. Sin embargo algunas fuentes han destacado que la sentencia puede quedar reducida a cinco años.

Las autoridades cubanas insisten que Carromero iba a exceso de velocidad e ignoró una señal de tránsito. Un reporte del Ministerio del Interior indicó que cuatro investigadores del gobierno con 39 años de experiencia “concluyeron categóricamente” que el automóvil iba demasiado rápido cuando entró en una sección sin asfaltar de la carretera, resbaló hacia un lado y se estrelló contra un árbol. La familia de Paya ha descartado la investigación del gobierno.