Las autoridades anunciaron el lunes una reducción de los cargos contra siete ex empleadas del restaurante Versailles en el Aeropuerto Internacional de Miami, que habían sido acusadas de fraude organizado por intercambiar cupones de comida de $9 por dinero en efectivo. La fiscalía, sin embargo, indicó que hay evidencia de que las empleadas también robaban dinero directamente de la caja registradora.

El anuncio viene tras una serie de reportajes en los medios hispanos en los que se cuestionaba la decisión de arrestar a las empleadas del emblemático restaurante cubano, cuyos dueños no están acostumbrados a la mala publicidad.

“No estamos acusando a nadie de fraude organizado”, indicó Ed Griffith, vocero de la Oficina de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. “Es, básicamente, un caso de hurto por parte de los empleados”.

El caso parece ser más complejo de lo que originalmente había sido planteado por el Departamento de Policía de Miami-Dade a finales de septiembre. Según los informes del arresto, las mujeres fueron observadas en cámaras de seguridad cuando utilizaban los créditos de $9 diarios en sus tarjetas de identificación para comprar la comida de sus clientes. Luego se embolsaban el dinero en efectico, según admitieron a las autoridades. Se les acusaó entonces de un cargo grave de fraude organizado y un cargo menor de hurto.

El lunes, las autoridades indicaron que seis de las trabajadoras sólo enfrentarán cargos de hurto menor. La séptima, Iliana Lantigua, está acusada de un cargo grave de hurto mayor por supuestamente robar más de $300.

Felipe Valls, dueño de Versailles, explicó que otros empleados habían reportado que sospechaban que las siete mujeres estaban colaborando para robar dinero de la caja registradora.

“Había una cultura de robo en el lugar”, dijo.

Según Valls, las empleadas robaban un total de $300 a $400 diariamente de la caja registradora, según videos de seguridad y un análisis de las compras durante los días en que las mujeres fueron vigiladas. Las empleadas también se embolsaban el dinero de transacciones que habían sido falsamente reportadas como canceladas. Dijo que no sabe por qué las autoridades se enfocaron en el asunto de los cupones de comida.

“Reportamos el caso a la policía para ser proactivos y porque debemos tomar el robo seriamente, ya que esto afecta a nuestra compañía y al Condado”, dijo Valls, quien comparte una porción de las ganancias de los negocios en el aeropuerto con el gobierno condal.

Agregó que prefiere llevar casos como éstos ante las autoridades para documentar la evidencia de robo y así evitar posibles demandas laborales por despido injustificado.

El abogado Stephan López, quien representa a Lantigua, dijo que no podía comentar sobre las nuevas alegaciones contra su cliente porque el informe de arresto no las menciona.

“Si hay más información, por favor muéstrala”, dijo. “Mi cliente mantiene su inocencia. Todo esto nos ha parecido como una exageración desde el inicio”.

López y el abogado Mario Cano, quien representa dos de las otras mujeres, indicaron que sus clientes aún no han recibido sus sueldos por la última semana de trabajo. Valls dijo que las mujeres van a recibir el pago por todas las horas que trabajaron.

Cano también calificó las condiciones de trabajo como “medievales” y dijo que las empleadas estaban limitadas en cuanto ala comida que podían comprar con los créditos diarios de $9.

“Tenían prohibido comprar la mayoría de lo que está en la carta”, afirmó Cano. “No podían comprar ni botellas de agua”.

Valls aseguró que todos los empleados tienen el derecho de utilizar los créditos en seis de los nueve restaurantes que operan en el aeropuerto bajo la compañía Global Concessions. Las empleadas recibían un sueldo de alrededor de $7.80 a $9 por hora más propinas, agregó.

También dijo que se arrepintió de no haber comentado públicamente sobre el caso hace dos semanas y que optó por mantener el silencio tras la sugerencia de su publicista.

La fiscalía espera canalizar los siete casos a un programa especial para acusados que no tienen antecedentes delictivos.

Cano expresó satisfacción por la decisión de la fiscalía de no acusar las mujeres de fraude organizado.

“Ojalá que en el futuro puedan tener mejor contacto con las agencias policiales para que casos como éste no sean procesados de una manera tan exagerada e innecesaria”, dijo.