BROWNSVILLE -- Cuando el gobierno nacional comenzó a apoderarse de tierras para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, a Teófilo Flores le ofrecieron $1,650 por una parte del terreno de su casa.

Al principio parecía buen negocio. Pero luego se enteró de que su vecino había cobrado 40 veces más por un terreno similar. Y que otro agricultor de la zona había recibido $1 millón.

Desde el 2008, cientos de personas que poseían tierras en la frontera han tratado de conseguir precios justos por terrenos expropiados por el estado para construir el muro. Pero muchos de ellos recibieron ofertas por debajo del valor del mercado. Y decenas de ellos las aceptaron sin buscar primero asistencia legal, para descubrir posteriormente que sus vecinos habían conseguido arreglos mucho mejores con la ayuda de abogados.

“Te enojas. Pero así es la vida, supongo”, manifestó Flores, quien cultiva algodón. “La gente que sacó más dinero puede darse el lujo de hacer otras cosas”.

La disparidad en las compensaciones ha generado interrogantes en torno al trato que dio el Departamento de Justicia a cientos de personas con terrenos en la frontera, desde Texas a California, que no pudieron pagar abogados y que ahora viven con una enorme estructura metálica en sus granjas, haciendas y patios traseros.

La diferencia en los precios “refleja lo injustas que fueron las ofertas iniciales”, afirmó la abogada Corinna Spencer-Scheurich, que representó a personas cuando comenzaron las expropiaciones.

El gobierno nacional “está usando su poder para quedarse con las tierras a un precio injusto. Creo que eso está claro, a juzgar por los arreglos que han hecho” cuando tuvieron que negociar, indicó.

Los abogados del gobierno dijeron que esas ofertas iniciales eran solo un primer paso y que posteriormente podían ser ajustadas. En el 2006, el Congreso ordenó la construcción de un muro de metal de 1,078 kilómetros (670 millas) para combatir la inmigración ilegal. El proyecto obligaba a que los propietarios entregasen los terrenos por donde debía pasar el muro. En algunos casos eran extensiones pequeñas, en otros campos .

La Constitución estipula que el gobierno debe compensar a la gente cuando se apropia de sus tierras. Unas 400 personas fueron afectadas por este proyecto.