América Latina

Absuelven a Montesinos por muerte de rebeldes

 
 

Corrige ciudad / LIM15. LIMA (PERÚ) 15/10/2012. El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos asiste a la lectura de sentencia hoy, lunes 15 de octubre de 2012, en la Base Naval del Callao (Perú), junto a los exmilitares Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra, quienes fueron absueltos de la acusación de haber ordenado la ejecución extrajudicial, en 1997, de tres integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima determinó que no existen las pruebas para demostrar que los acusados ejercieron una cadena de mando en las presuntas ejecuciones de los "emerretistas" durante la operación militar Chavín de Huántar. EFE/Str.
Corrige ciudad / LIM15. LIMA (PERÚ) 15/10/2012. El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos asiste a la lectura de sentencia hoy, lunes 15 de octubre de 2012, en la Base Naval del Callao (Perú), junto a los exmilitares Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra, quienes fueron absueltos de la acusación de haber ordenado la ejecución extrajudicial, en 1997, de tres integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima determinó que no existen las pruebas para demostrar que los acusados ejercieron una cadena de mando en las presuntas ejecuciones de los "emerretistas" durante la operación militar Chavín de Huántar. EFE/Str.
Str. / EFE

Associated Press

Un tribunal civil absolvió al ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos y a dos ex jefes militares del homicidio de tres rebeldes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en una operación de rescate de rehenes en 1997.

La Tercera Sala Penal Liquidadora, presidida por la jueza Carmen Rojjasi, determinó que dos de los rebeldes murieron en acción y que uno de ellos fue ejecutado tras ser detenido vivo, en un veredicto cuya lectura tomó más de ocho horas y concluyó la noche del lunes.

No obstante, la corte —compuesta por tres jueces— no halló pruebas de que Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza, y el ex coronel Roberto Huamán Azcurra hubieran dado la orden de ejecutar al rebelde.

La sala no emitió sentencia contra el coronel del ejército Jesús Zamudio, quien se encuentra prófugo, y quien estaba comprendido en el juicio.

El 22 de abril de 1997 más de un centenar de comandos ingresaron a la residencia del embajador de Japón para rescatar a 72 rehenes a manos de 14 rebeldes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Dos comandos murieron en la operación, así como un rehén y los 14 rebeldes.

Tiempo después, el testimonio de Hidetaka Ogura, un diplomático japonés que fue uno de los rehenes y afirmó que vio vivos a los tres rebeldes llevó a la apertura de un juicio en 2002 contra Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio. Según la Fiscalía los acusados formaron parte de una cadena de mando paralela a la operación de rescate que planeó y ordenó la ejecución de los tres rebeldes.

Gloria Cano, abogada de los familiares de los tres rebeldes muertos, dijo que impugnarán la sentencia pues consideran que no refleja lo que se ha actuado durante el proceso.

“Es una sentencia un tanto confusa, porque si bien señala que es cierto que hubo ejecución (de uno de los rebeldes)… también señala que no hubo una cadena de mando paralela y que ni Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza ni Huamán Azcurra habrían tenido posibilidades de dar órdenes”, dijo Cano.

Cano destacó el voto contrario emitido por la jueza Carolina Lizárraga quien sostuvo que no se puede haber producido la ejecución de uno de los tres rebeldes sin haber tenido una orden de algún mando que tuviera el control. Además la jueza afirmó que los dos rebeldes muertos en combate también habrían sido ejecutados porque sus cadáveres presentaban disparos hechos por la espalda, lo que no coincide con una situación de combate cara a cara.

Montesinos cumple una condena a 25 años de cárcel por crímenes cometidos por un escuadrón de aniquilamiento del ejército durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y otras penas por delitos de corrupción. Pero en Perú las penas no se acumulan sino que rige la mayor.

En diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno peruano “no ha llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni ha determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos”, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciara a Perú por el caso. Perú presentó su respuesta a la Corte Interamericana en agosto.

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