MADRID -- Un año después de que la organización terrorista ETA anunciara el “cese definitivo de su actividad armada”, las fuerzas de seguridad españolas consideran que es un proceso “irreversible” y los partidos políticos le exigen su disolución y la entrega de las armas.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas no aprecian ningún síntoma de rearme en la banda ni movimientos para la formación de ‘comandos’, aunque se muestran convencidas de que el desarme total está “muy lejos” de producirse.

En este sentido, creen que la organización terrorista, que anunció el 20 de octubre del 2011 el cese de su actividad tras cinco décadas de violencia y más de 850 asesinatos, guarda la entrega de las armas como su última baza.

ETA tiene en la actualidad unos 550 presos en cárceles españolas, a los que hay que añadir los encarcelados en otros países, sobre todo en Francia (unos 140), donde se calcula que hay además unos 100 fugitivos.

Los investigadores creen que la organización tiene dinero suficiente para seguir subsistiendo y conserva la red de informadores.

Pero creen que el proceso que inició hace un año no tiene vuelta atrás, y solo una escisión interna podría quebrarlo.

Al frente de la banda sitúan a cinco cabecillas, José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, y las “veteranas” Izaskun Lesaka e Iratxe Sorzabal y David Pla, a quienes se atribuye la lectura de los comunicados del cese de la actividad terrorista, así como Joseba Iñaki Reta Frutos.

Según fuentes de la lucha antiterrorista, todo parece indicar que la dirección de la banda “ha asumido la derrota policial” y que la lucha armada “no va a ninguna parte”.

Pero, un año después, la organización sigue sin anunciar su disolución y sin entregar las armas, por lo que las fuerzas políticas españolas le exigen que dé esos dos pasos fundamentales.