Una compañía de envío de dinero en un paraíso fiscal llamada Caribbean Transfers financió una compleja red de lavado de dinero que transfirió más de $30 millones en dinero robado al Medicare en el sur de la Florida al sistema bancario cubano, afirmaron el jueves autoridades federales.

La revelación surgió al ampliarse el caso de un dueño de una tienda de cambio de cheques actualmente convicto, quien al principio fue considerado el centro del caso federal. Es la primera vez que los investigadores siguieron la pista a los procedimientos deshonestos con el Medicare hasta los bancos de Cuba, controlados por el Estado.

Caribbean Transfers parece haber desempeñado el papel dominante en la estratagema sin precedentes de lavado de dinero.

Los fiscales han presentado nuevos cargos de conspiración contra el fundador de la compañía basada en el Caribe, Jorge Emilio Pérez, quien se encuentra fugitivo, y dos hombres de Miami-Dade sospechosos de defraudar al programa Medicare financiado por los contribuyentes. A los acusados más recientes, Felipe Ruiz y Kirian Vega, se le presentaron cargos de lavar sus beneficios del Medicare a través de la tienda de cambio de cheques del acusado, quien hizo negocios con Caribbean Transfers.

La nueva información sobre Caribbean Transfers, que según los fiscales tiene una licencia del gobierno cubano, se dio a conocer durante la audiencia de fianza de Ruiz celebrada el jueves. A Ruiz, un ciudadano estadounidense nacido en Cuba, se le negó la fianza debido a que un juez consideró que podría huir a Cuba u otro país.

En junio, la oficina del Departamento de Justicia en Miami hizo titulares nacionales cuando fiscales acusaron a Oscar L. Sánchez, dueño de la tienda de cambio de cheques en Naples, de conspiración para lavar millones de dólares del Medicare vía Canadá y Trinidad en el Banco Nacional de Cuba. A finales de agosto, Sánchez, de 47 años, se declaró culpable y estuvo de acuerdo en cooperar con las autoridades y pagarle $10 millones al gobierno de EEUU, principalmente con propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.

La oficina del Departamento de Justicia ha dicho que no hay pruebas de que el gobierno cubano esté involucrado en la estratagema de lavado, y funcionarios cubanos han negado cualquier participación.

Sánchez, quien es también un ciudadano estadounidense nacido en Cuba, fue acusado de un solo cargo de conspiración por desempeñar un papel fundamental en lavar las ganancias de 70 compañías médicas del sur de la Florida, que enviaron facturas fraudulentas al Medicare por $374.4 millones y recibieron $70.7 millones en pagos.

Esos fondos fueron depositados directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales indicaron que el desafío para los “cabecillas del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tenían que revelar sus identidades en los bancos.

Entre los supuestos culpables del fraude al Medicare están: Ruiz, de 38 años, quien tenía dos negocios de equipos médicos bajo otros nombres en Miami-Dade, y Vega, de 35, quien era dueño de una farmacia local bajo el nombre de otra persona que también vendía suministros médicos.