BOGOTA -- Dar respuesta satisfactoria a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que con casi medio siglo es el más prolongado del continente, será uno de los puntos más complejos del proceso de paz iniciado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC esta semana en Noruega, coincidieron expertos.

El problema de los cientos de miles de víctimas figura como uno de los cinco puntos de la agenda que se discutirá en La Habana a partir del 15 de noviembre, y afloró incómodamente en los discursos de instalación de la mesa de diálogo.

“Las FARC deben darle la cara a las víctimas”, afirmó enfático el jefe de la delegación gubernamental, el exvicepresidente Humberto de la Calle. “No hemos cometido crímenes contra el pueblo”, replicó Iván Márquez, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien encabeza el equipo de esta guerrilla comunista.

A lo largo de las últimas cinco décadas, el conflicto interno colombiano en el que han participado diversas guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y agentes del Estado ha dejado al menos 600,000 muertos, unos 15,000 desaparecidos y 3.7 millones de personas desplazadas por la violencia.

“Hay que escuchar la voz de las víctimas, que además son muchas. Hay que hacer el máximo esfuerzo posible por brindarles verdad y reparación. Cincuenta años de violencia no es cualquier cosa”, dijo a la AFP Luis Eduardo Celis, de la Corporación Nuevo Arco Iris, que estudia el tema.

“Pero hay que encontrar un equilibrio que permita cerrar el conflicto. El proceso de paz no se puede guiar solamente por los intereses de la víctimas, sino que también están los intereses de la sociedad”, señaló este experto.

El parlamentario de izquierda y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda sostuvo que la instalación de la mesa de conversaciones “suscita optimismo y entusiasmo”, aunque reconoció que los discursos de los delegados muestran “lo difícil que será este camino”.

“En estos 50 años, tanto las guerrillas como el Estado han cometido crímenes de lesa humanidad. Ni el Estado puede lavarse las manos ni tampoco las FARC. La voz de las víctimas va a ser esencial para el proceso. Creo que con paciencia y perseverancia podemos llegar a ello”, dijo a la AFP este congresista, cuyo padre Manuel Cepeda, también un dirigente de izquierda, fue asesinado en 1994.

Hasta el año pasado, la unidad de derechos humanos de la Fiscalía había abierto investigaciones por más 1.500 casos relacionados con homicidios cometidos presuntamente por agentes del Estado.

Entre esas víctimas figuran los casos conocidos como “falsos positivos”, civiles asesinados por militares que los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate, con el fin de obtener prebendas como felicitaciones o días francos.

“Los militares están preocupados con lo que pueda pasar con ellos, y han planteado que para ellos pueda haber también justicia transicional. Se preguntan si ellos serán los únicos en pagar penas de prisión plenas de 40 años”, refirió Celis.

Previo al inicio del proceso de paz, ya el Congreso había sentado las bases para eventualmente permitir que los guerrilleros que abandonen la lucha armada se beneficien de mecanismos como la rebaja o la suspensión de penas.

Sigifredo López, exdiputado regional que estuvo secuestrado por las FARC entre el 2002 y el 2009, aseveró que “la paz no puede hacerse de espaldas a las víctimas, que son las únicas facultadas para perdonar”.

“Estamos dispuestos a perdonar, pero tiene que constituirse una comisión de la verdad para todas las víctimas de todos los grupos armados y de los agentes del Estado”, dijo López a la AFP.

El tema del secuestro es quizás de los que más hieren a la sociedad colombiana.

Celis asegura que en los últimos 20 años las FARC cometieron miles de plagios de manera sistemática. “Ese es un crimen de lesa humanidad, y alguien tendrá que pagar por ello, pero no pueden ser todos los guerrilleros porque si no ¿con qué motivación van a ir a la mesa de diálogo”, dijo.

Ismael Márquez, presidente de la asociación civil Los que Faltan y de cuyo hijo no sabe nada desde que fue presuntamente secuestrado por las FARC en 1999, dijo sentirse “totalmente desamparado y marginado”.

“Numerosos familiares de todo el país han venido clamando e insistiendo que quieren saber qué sucedió con sus seres queridos. Si murieron en cautiverio, deben informar qué pasó”, dijo Márquez a la AFP.