TEGUCIGALPA -- El piloto de la fuerza aérea hondureña no sabía qué hacer. Era totalmente de noche, y perseguía a un pequeño avión, que se sospechaba transportaba droga, a una altitud peligrosamente baja, a apenas unos cuantos cientos de pies arriba del mar Caribe. Disparó tiros de advertencia, pero en lugar de aterrizar, el avión voló más bajo y más cerca del mar.

“Así es que el piloto tomó una decisión, pensando que era lo mejor que podía hacer”, dijo Arturo Corrales, el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, uno de varios funcionarios que dieron el primer informe detallado del incidente. “Derribó al avión”.

Cuatro días después, el 31 de julio, volvió a suceder. Otro avión salió de una pequeña ciudad en la costa venezolana, y, utilizando inteligencia de radares estadounidenses, un piloto hondureño de combate lo derribó sobre el agua.

¿Cuántas personas murieron? ¿Había drogas a bordo o civiles inocentes? Funcionarios en esta ciudad y en Washington dicen que no saben. Nunca se encontraron los aviones. Sin embargo, ambos incidentes – violaciones claras de las leyes internacionales y de los protocolos establecidos – han generado indignación en Estados Unidos, con lo cual se detuvo repentinamente una de las más ambiciosas ofensivas internacionales contra los narcotraficantes a sólo unos meses de su inicio.

Ahora están suspendidas todas las operaciones conjuntas en Honduras. El senador Patrick J. Leahy de Vermont, al expresar las inquietudes de varios demócratas en el Congreso, retiene decenas de millones de dólares en asistencia para seguridad, no sólo por los aviones, sino también por sospecha de abuso de los derechos humanos por parte de la policía hondureña y de tres tiroteos en los cuales comandos del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) dirigieron efectivamente redadas, cuando se suponía que sólo actuarían como asesores.

El avión derribado, en particular, recordó a funcionarios veteranos uno con misioneros estadounidenses al que autoridades peruanas derribaron usando inteligencia de EEUU. Sólo era cuestión de tiempo, dijeron, para que murieran personas inocentes en otro avión derribado en el que iban unos presuntos culpables.

Sin embargo, el enfrentamiento entre el gobierno de Obama y los legisladores se había estado gestando de tiempo atrás. Temerosos de que el crimen organizado invadiera a Centroamérica, quizá en forma más grave que en las peores partes de México, el Departamento de Estado, la DEA y el Pentágono se apresuraron este año a adelantarse con un poderoso programa antidrogas con varios países latinoamericanos, esperando proteger a Honduras y usarlo como cuello de botella para cortar el flujo de las drogas que van al norte.

Entonces se dio la serie de fatales acciones de seguridad –algunas por parte del ejército hondureño y otras en las que participaron agentes estadounidenses-, que rápidamente convirtieron a la cooperación antidrogas, a menudo promovida como modelo de trabajo internacional en equipo, en un estudio de caso de los que puede salir mal cuando se utilizan tácticas de guerra para combatir un problema criminal que va más allá de las drogas.