América Latina

Decenas de detenidos en protestas por tierras en Panamá

 
 

PAN04. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/10/2012.- Varios personas participan hoy, lunes 22 de octubre de 2012, en una protesta contra la privatización de la Zona Libre de Colón, en Ciudad de Panamá. Los sindicatos y asociaciones de comerciantes de Colón afirmaron que solo entablarán un diálogo con el Gobierno panameño después de que se derogue la ley que permite la privatización de la Zona Libre. EFE/ALEJANDRO BOLÍVAR
PAN04. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/10/2012.- Varios personas participan hoy, lunes 22 de octubre de 2012, en una protesta contra la privatización de la Zona Libre de Colón, en Ciudad de Panamá. Los sindicatos y asociaciones de comerciantes de Colón afirmaron que solo entablarán un diálogo con el Gobierno panameño después de que se derogue la ley que permite la privatización de la Zona Libre. EFE/ALEJANDRO BOLÍVAR
ALEJANDRO BOLÍVAR / EFE

Associated Press

La policía dispersó el lunes con gases lacrimógenos a manifestantes que bloqueaban calles y lanzaron palos y piedras a las autoridades en una protesta contra la ley que permite la venta de tierras en la zona libre de Colón, una de las más grandes en el hemisferio occidental.

Al menos 50 personas fueron detenidas, dijo por teléfono el dirigente popular colonense Víctor Chiari. “Vamos a seguir la lucha; no queremos esa ley”, agregó.

La AP llamó a la estación policial de Colón, pero un oficial dijo que no podía brindar informes de las protestas por teléfono. No hubo reportes de inmediato sobre personas heridas.

El gobierno panameño ha llamado a la cordura y al diálogo desde el fin de semana, luego de que estallaran los violentos disturbios el viernes después de que la Asamblea Nacional aprobara la ley, que recibió la rápida sanción del presidente Ricardo Martinelli.

Los movimientos sociales y populares, así como diversos gremios sindicales y empresariales de la provincia, exigen que se derogue la norma.

Ubicada a 80 kilómetros al norte de la capital, Colón es considerada la segunda provincia más importante del país, al albergar la zona libre del mismo nombre y varios de los puertos del atlántico más grandes.

Los colonenses se oponen a la venta de los terrenos en la zona franca porque consideran que esas tierras, que le pertenecen al Estado, son patrimonio de la provincia y destacan el hecho de que ningún gobierno se atrevió a impulsar esa medida desde que ese emporio comenzó a operar allí en 1948.

La nueva ley sustituye a la antigua norma que creó la zona libre y establece un régimen de propiedad que permite que las empresas que alquilan tierras en el área, nacionales y extranjeras, puedan comprarlas. La ley da otras opciones, como que las empresas se mantengan arrendando los terrenos, pero pagando un mayor canon de alquiler.

La zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2,471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1,235 y 1,482 acres) son alquiladas por 2,000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1,200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.

“Apoyamos la iniciativa que se refiere a la modernización de la zona libre, pero dada la evidente oposición a este proyecto y los lamentables acontecimientos, le solicitamos… al presidente rectifique, atendiendo los artículos de la ley que han generando controversias”, expresó el lunes la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la más importante del país.

Durante los disturbios del viernes murió un menor de 10 años, al ser impactado por una bala en el abdomen y decenas resultaron heridos. Algunos locales comerciales fueron saqueados.

El gobierno destaca que la ley beneficiará a los colonenses, al establecer que un 35% de la venta de las tierras se destinará a proyectos sociales en esa provincia.

También argumenta que busca vender las tierras para que las empresas puedan invertir en ellas, asegurando que es una práctica que se permite en otras zonas francas del mundo.

La iniciativa reactivó, sin embargo, el viejo resentimiento en una provincia que toda la vida ha visto crecer la actividad portuaria y comercial en sus narices, sin poder remediar añejos males como la pobreza y la inseguridad.

Para algunos colonenses, la idea de vender las tierras proviene de un gobierno que sólo mira en los negocios y las empresas. “Martinelli es un empresario; el gobierno de él es empresarial”, afirma Roberto Chiari, un albañil de 48 años.

“El dice que la venta nos va a beneficiar, eso es mentira; el dinero se va para otra parte”, agregó Chiari el sábado. “Para Colón nada, sólo represión y pobreza”.

La pobreza afecta al 45 por ciento de los aproximadamente 245,000 habitantes de Colón, según cifras independientes. Los edificios y viviendas de madera condenados son comunes en el centro de la ciudad, así como la suciedad y las aguas negras en las calles.

El gobierno proyecta que la zona libre, dedicada a la importación y exportación, termine con un movimiento comercial por $32,000 millones este año. El emporio emplea a 30,000 personas, aunque no todos son de Colón.

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