La Paz -- El Tribunal Constitucional de Bolivia anuló el delito de desacato porque ha generado una desigualdad a favor de los derechos de los funcionarios del Estado que recurren con frecuencia al mismo para denunciar a políticos y empresarios opositores, informaron hoy fuentes legislativas y judiciales.

El presidente del Constitucional, Ruddy Flores, afirmó ante los periodistas que el desacato queda “expulsado” del Código Penal tras verificar que ha provocado una desproporción en la ponderación del honor de un funcionario público y el de un ciudadano de a pie.

“El Tribunal Constitucional considera que esas desproporciones no pueden ser sancionadas o tipificadas como delitos en el marco de los tratados internacionales que rigen la libertad de expresión”, dijo Flores, según declaraciones difundidas hoy por los medios.

El delito anulado, bajo resolución del pasado 20 de septiembre, señala que quien “por cualquier medio calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”, pena que será agravada si quien es ofendido es el presidente u otra alta autoridad del Ejecutivo, Congreso o Poder Judicial.

El Constitucional también resolvió que la ley anticorrupción denominada “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 2010 no tenga aplicación retroactiva como aprobaron partidarios del presidente Evo Morales para juzgar el manejo económico de los anteriores Gobiernos.

El desacato ha sido usado con frecuencia por ministros de Morales para denunciar a los líderes opositores por supuestos insultos e injurias, aunque estos sostenían que eran críticas y no ofensas.

Por desacato fueron denunciados el gobernador de la región de Santa Cruz, Rubén Costas; los senadores Roger Pinto, Eva González, los diputados Norma Pierola y Adrián Oliva, el empresario de aviación Humberto Roca, todos opositores y críticos de Morales.

Pinto, que está refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde hace 150 días, enfrenta seis denuncias por desacato de diversas autoridades del Gobierno, según datos de la prensa.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ya expresó este año su preocupación por la proliferación de las acusaciones de este tipo contra asambleístas, personalidades políticas, abogados y periodistas y recomendó al Estado despenalizar este delito porque consideraba que se viola la libertad de expresión.

El senador opositor Germán Antelo, que es uno de los que presentó una demanda ante el Constitucional para que se pronuncie sobre el desacato, dijo hoy a Efe se trata de un “triunfo legal” que no solo hará justicia para la oposición, sino para decenas de personas acusadas por ese delito por parte de funcionarios públicos.

“Es un triunfo de la seguridad jurídica y el debido proceso”, apuntó, al señalar que la denuncia por este delito buscaba “generar miedo y temor” entre la gente y afectar su derecho de expresión.

Una de las argumentaciones usadas por Antelo fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se había pronunciado contra la existencia de ese delito en otras legislaciones nacionales.