PANAMA -- Centenares de pobladores, con pancartas que decían “Colón no se vende”, quemaron neumáticos en calles de esa provincia y recibieron el respaldo de otros sectores obreros del país el miércoles en sus protestas contra la venta de tierras en una poderosa zona libre, que consideran como su patrimonio.

Las protestas, que comenzaron la semana pasada, continuaron en Colón, en la capital y otros puntos del país, a pesar de la promesa formulada por el presidente Ricardo Martinelli de no vender los terrenos, si así no lo querían los colonenses y, en cambio, incrementar las tasas de alquiler de esos terrenos y transferir todo el dinero a la empobrecida provincia.

“Lo hemos dicho claramente, no queremos la ley que busca vender las tierras”, advirtió a la prensa Felipe Cabezas, del no gubernamental Movimiento Amplio Colonense. “Mientras no se derogue, no queremos ningún diálogo”.

No se registraron actos de violencia como en las anteriores protestas, ni se informó sobre personas heridas o detenidas. En la capital panameña, grupos de trabajadores de la construcción cerraron varios puntos de la ciudad y estudiantes de una escuela pública lanzaron piedras a la policía antidisturbios, que les respondió con gases lacrimógenos.

Colón, de unos 245.000 habitantes, es la segunda provincia más importante del país desde el punto de vista económico logístico, ya que alberga la zona libre del mismo nombre, varios puertos importantes en el Atlántico --entre ellos Cristóbal, por donde entran y salen los barcos que cruzan el Canal de Panamá, y la refinería de petróleo del país.

Las tierras de la zona franca, que se estableció en 1948, pertenecen al Estado y están aisladas de la población, pero los colonenses históricamente las han considerado como suyas o un patrimonio que ayudó a resaltar la posición portuaria de la provincia, a 80 kilómetros al norte de la capital.

Por ello, se lanzaron a las calles una vez el gobierno propuso la ley que abría las puertas para la venta de esos terrenos.

El plan del gobierno también pareció reactivar el resentimiento en una provincia que tradicionalmente se ha quejado de que el desarrollo comercial y portuario no ha redundado en la solución de la miseria.

“Para Colón la zona libre es como su tacita de oro”, dijo a The Associated Press el analista político José Blandón. “El gobierno pensó vender los activos; no entiende que históricamente esas tierras han sido vista como patrimonio en esa provincia y van a luchar por ellas”.

El gobierno argumenta que la ley busca sustituir la antigua norma que creó la zona franca hace 64 años, a fin de modernizarla, permitir nuevas actividades y mejorar su administración, pero el punto polémico es el que permite la venta de los terreños que actualmente alquilan las empresas que operan en ese emporio comercial.

Con la ley se establecía que un 35% de las ventas de las tierras sería destinado para obras sociales en Colón, pero el gobierno propuso la víspera elevarlo al 100%, en un esfuerzo por apaciguar las protestas que han dejado al menos tres muertos, 20 heridos con armas de fuego y 275 detenidos, según los dirigentes del Movimiento Amplio Colonense.