Una investigación interna de la Comisión de Etica de la Florida concluyó que el representante federal David Rivera cometió 11 faltas mientras se desempeñó en la Legislatura estatal. Los hallazgos de la comisión cuestionaron a Rivera por presentar información financiera imprecisa, malversar fondos de campaña y ocultar un contrato de consultoría de cerca de $1 millón con un negocio de apuestas de Miami.

La Comisión dijo que estos pagos “crearían un conflicto frecuentemente recurrente entre sus intereses privados y sus deberes públicos como miembro de la Legislatura de la Florida, o impediría el cumplimiento total y fiel de sus deberes públicos”. Asimismo explicó que Rivera “sabía... o debía haber sabido que iban a ser usados para influenciar su voto o acción oficial”. Los cargos podrían abrir las puertas a multas hasta de $10,000 por cada una de las violaciones.

El millonario pago por servicios de consultoría está enmarcado en un contrato comercial que Rivera recibió de Southwest Florida Enterprises (SFEI), a través de Millennium Marketing, Inc. una empresa fundada hace 12 años por la madre de Rivera, Daisy Magarino, y su abuela, Ileana Medina.

La empresa fue contratada en el 2006 por SFEI, que a su vez maneja el Magic City Casino, conocido antiguamente como Flagler Dog Track. El objetivo era impulsar una campaña para que SFEI pudiera ampliar sus operaciones del negocio de máquinas tragamonedas en el Condado Miami-Dade.

Millenium hizo un préstamo de aproximadamente $130,000 a Rivera que fue devuelto por el legislador después de ganar un escaño federal en la Cámara de Representantes, en el 2010. El dinero fue registrado como un “préstamo” por Rivera y como tal no tuvo que ser incluido en sus reportes financieros personales ante la Legislatura.

Rivera fue elegido por primera vez a la Legislatura de la Florida en el 2002. Luego fue reelegido consecutivamente en el 2004, 2006 y 2008.

La Comisión también encontró indicios de que Rivera actuó inapropiadamente al hacer uso de fondos y recursos de campaña para gastos personales. Entre otros cuestionamientos, dijo que Rivera pudo haber violado el Artículo II, Sección 8, de la Constitución de la Florida. El artículo se refiere a la obligación de los legisladores de reportar ingresos, acciones y bonos, o fuentes de ingresos secundarios.

En el caso de Rivera las objeciones de la Comisión sobre sus finanzas personales abarcan desde el 2005 hasta el año 2009. Los abogados de Rivera le dijeron a la Comisión que había trabajado durante siete años como contratista de la Agencia de para el Desarrollo Internacional (USAID). El Departamento de Policía de la Florida (FDLE) no encontró pruebas de un salario regular más allá del que Rivera recibía como representante estatal.

Asimismo la Comisión mencionó que Rivera no entregó un formato de rigor sobre sus cuentas financieras, conocido como CE 6f. Rivera debió haber presentado el informe en un tiempo límite de 60 días, contabilizados a partir de su salida de la Legislatura estatal.

Rivera, que busca ahora su reelección, ha negado consistentemente haber hecho algo indebido.