Un ex candidato al Congreso que se encuentra en el centro de una investigación del FBI vinculada al representante David Rivera, ha presentado informes financieros federales de campaña en blanco, y una carta en la que dice que va a guardar silencio para no incriminarse a sí mismo.

“Por consejo del abogado, invoco mis derechos según la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para no contestar o presentar la información solicitada en el formulario FEC 3, sobre la base de que puedo incriminarme a mí mismo”, escribió Justin Lamar Sternad el 19 de octubre, en una carta dada a conocer recientemente y dirigida a la Comisión Electoral Federal (FEC).

“Por favor, dirija todas las consultas adicionales a mi abogado, Rick L. Yabor”.

Yabor no quiso hacer comentarios, citando la investigación pendiente de la FEC.

Las preguntas de la FEC eran inevitables después que Sternad presentó 17 páginas en blanco como el informe de cierre de su campaña en octubre.

Sternad perdió las primarias demócratas del 14 de agosto ante Joe García, un rival de Rivera. Sternad asedió a García con anuncios publicitarios y llamadas robot que se hicieron eco de las líneas de ataque de Rivera. Sternad, un recién llegado político y trabajador nocturno de la recepción de un hotel, no reveló de dónde había sacado el dinero para las gestiones de su campaña.

The Miami Herald y El Nuevo Herald plantearon por primera vez en agosto preguntas acerca de cómo Sternad financió su ambiciosa candidatura al escaño ocupado por Rivera en el Congreso, que representa un territorio que va de Kendall a Cayo Hueso. El FBI abrió una investigación. La carta de Sternad a la FEC es el primer documento público que confirma la existencia de una investigación federal.

La ley federal requiere que los candidatos al Congreso revelen sus contribuciones y gastos. Por lo general, prohíbe a los candidatos aceptar más de $2,500 por elección de un mismo individuo. También es un delito federal conspirar para presentar a sabiendas documentos federales falsos.

Sternad reconoció posteriormente que utilizó a una amiga de Rivera, Ana Alliegro, como consultora de campaña. Alliegro huyó el mismo día que tenía programado dar una declaración a agentes del FBI y un fiscal federal. En las últimas semanas, Sternad se ha visto desconcertado en cuanto a cómo presentar su informe final de campaña sin incriminarse más a sí mismo. Él y Yabor consultaron con los fiscales federales y un experto de la FEC, y decidieron que el mejor curso de acción era un informe en blanco.

Dos vendedores de servicios de campaña que han trabajado extensamente para Rivera, dijeron a The Herald y más tarde al FBI que Rivera estaba detrás de la campaña de Sternad y que ayudó a utilizarlos a ellos para seleccionar a votantes del distrito y enviarles la propaganda postal.

Rivera y Sternad negaron los cargos. Rivera ha afirmado que nunca se le ha dicho que esté bajo una investigación federal por parte de una autoridad federal.

El año pasado, cuando los fiscales estatales estaban examinando sus finanzas personales y de campaña, Rivera negó que estuviera bajo investigación, y dijo que no tenía un abogado que lo representara.

Pero, los registros muestran que Rivera estaba bajo investigación y que había contratado a un abogado criminalista.

Rivera fue acusado la semana pasada por la comisión estatal de ética por violar 11 reglas de ética.

Algunos de los cargos se derivan de un contrato secreto de consultoría por $500,000 que Rivera arregló con un canódromo, que ahora se conoce como Casino Magic City.

Los fiscales estatales consideraron presentar 52 cargos contra Rivera, pero manifestaron que no podrían porque las leyes eran imprecisas o porque el estatuto de limitaciones había expirado para algunos de los cargos.

El IRS y el FBI, por su parte, están examinando el caso del canódromo al mismo tiempo que están investigando la campaña de Sternad.