Chicago -- El puertorriqueño Juan Rivera Jr., que pasó casi 20 años en prisión en Illinois por un asesinato que no cometió, demandó hoy a la policía por supuestos abusos sufridos durante el interrogatorio que lo hicieron confesar la violación y asesinato de una niña de 11 años en 1992.

En conferencia de prensa, su abogado Locke Bownan dijo que Rivera fue falsamente incriminado y encarcelado durante la mitad de su vida, “en una de las peores farsas judiciales que registra la historia de Illinois”.

“No es posible devolverle las décadas perdidas en prisión, pero sí compensarlo por las fallas del sistema judicial que durante años se negó a reconocer un error, a pesar de las evidencias físicas que indicaban su inocencia”, agregó.

Rivera fue liberado el 6 de enero pasado del Centro Correccional Statesville, cerca de la ciudad de Joliet, Illinois, después que un examen de ADN demostrara que no era responsable de la violación y asesinato de la niña Holly Staker en la ciudad de Waukegan.

En la demanda se busca que Rivera, que en la actualidad tiene 40 años, sea compensado porque la policía lo habría obligado a hacer una confesión falsa, porque su procesamiento habría sido doloso y por una presunta conspiración para privarlo de sus derechos constitucionales.

La Corte de Apelaciones de Illinois anuló en diciembre la condena de prisión, por considerar que era “injustificada e insostenible” debido a la falta de pruebas.

El caso se resolvió con el examen de ADN recogido en el cuerpo de la víctima en 1992, pero que no fue analizado hasta 2004, cuando se comprobó que pertenecía a otra persona.

Durante los casi 20 años transcurridos Rivera fue hallado culpable tres veces -en 1993, 1998 y 2009- y en cada oportunidad la condena a prisión perpetua fue anulada durante la apelación.

Finalmente, la Corte de Apelaciones prohibió a la fiscalía que lo volviera a procesar por el mismo crimen y ordenó su libertad.

Después del examen de ADN, la única evidencia firme que vinculaba a Rivera con el crimen era su confesión a la policía de la ciudad de Waukegan, que según los jueces de apelación habría sido obtenida mediante coerción.

En la demanda presentada hoy se afirma que en el tercer día de “interrogatorio abusivo” de la policía, Rivera sufrió una crisis nerviosa, fue diagnosticado con psicosis aguda por un médico de la cárcel pero igualmente lo mantuvieron maniatado en su celda.

En el cuarto día, después de 24 horas ininterrumpidas de interrogatorio, Rivera firmó una confesión del crimen en inglés, “aunque tenía dificultades para hablar, leer y escribir ese idioma”.

Según la demanda, la policía sabía que Rivera “tenía carencias intelectuales y una historia de problemas emocionales que lo convertían en especialmente vulnerable a sus técnicas coercitivas”.

El escrito sostiene que en el momento del interrogatorio el coeficiente intelectual de Rivera era muy bajo, con un historial “bien documentado” de problemas psicológicos y emocionales, incluyendo intentos de suicidio.

Los abogados del Centro de Condenas Equivocadas de la escuela de leyes de la Universidad Northwestern de Chicago afirman que el interrogatorio excedió “todos los límites razonables”, que Rivera solamente pudo dormir cuatro horas durante cuatro días, durante los cuales “se le dieron detalles del crimen para que su confesión falsa pareciera legítima”.

Los demandados son los departamentos policiales de las ciudades de Waukegan, Lake Forest y Buffalo Grove, y la oficina del alguacil del condado Lake.

Rivera tenía 19 años y estaba preso por violación de la libertad bajo palabra cuando fue acusado del asesinato en una investigación realizada por detectives de un grupo especial de la fiscalía del condado, que recibieron una pista de un informante.