BRASILIA -- Indígenas de una comunidad enfrascada en una lucha por la posesión de tierras en el oeste de Brasil pidieron el martes ayuda al gobierno para preservar su modo de vida, luego de que un tribunal les ordenó entregar sus territorios a hacendados que los reclaman como suyos.

Seis representantes de una comunidad de la etnia guaraní kaiowa, del estado de Mato Grosso do Sul, se encontraron con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, y la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, para reclamar una rápida demarcación de las tierras en que habitan los 170 miembros de la comunidad.

“La comunidad tomó la decisión de no salir ni por bien ni por mal. Vamos a luchar por nuestra tierra hasta el último guerrero”, señaló una carta entregada por los representantes indígenas a las autoridades.

Tras la reunión, el ministro Cardoso anunció el envío de una fuerza de seguridad para evitar enfrentamientos entre los indígenas y pistoleros al servicio de los hacendados que reclaman las tierras.

“Estamos enviando un refuerzo de personas y vehículos de la Fuerza Nacional de Seguridad. La policía federal también va a reforzar la vigilancia del área. No vamos a informar el número de efectivos por cuestiones de seguridad, pero es suficiente para garantizar la paz”, declaró Cardoso a periodistas.

Esta comunidad causó conmoción mundial cuando, en respuesta a una orden judicial para evacuar el territorio que ocupan, pidieron en una carta que mataran a los 170 integrantes de la comunidad y que los entierren junto a sus ancestros en el territorio que ellos denominan Pyelito Kue/Mbarakay.

La etnia guaraní kaiowa, formada por unas 46,000 personas en todo el estado de Mato Grosso do Sul, tienen décadas de lucha por la posesión de tierras que consideran ancestrales, frente a la amenaza de terratenientes locales que las han invadido para producir soja y ganado, entre otros.

La Fundación Nacional del Indio, ente responsable dela política indigenista del gobierno brasileño, emitió en marzo una nota técnica en la que señaló que el territorio Pyelito Kue/Mbarakay ha sido ocupado ancestralmente por los guaraní kaiowa.

No obstante, sus esfuerzos por demarcar ese espacio como posesión de esa etnia se han visto obstaculizados por repetidas acciones judiciales de hacendados de la zona que les han permitido bloquear la acción del gobierno.

Un tribunal de la localidad de Naviraí determinó en septiembre que el territorio en disputa debía ser desalojado por los indígenas y reintegrado a los terratenientes. En respuesta, el Ministerio Público Federal --la fiscalía-- apeló la decisión y pidió suspender el desalojo mientras se estudia el caso para determinar quién es el legítimo dueño del territorio en disputa. Su petición fue acogida el martes por un tribunal federal, dijo el ministro Cardoso.

“Es necesario que los estudios sean concluidos, ellos (los indígenas) no pueden vivir en esa situación de inseguridad”, declaró la vice fiscal general de Brasil, Deborah Duprat, después de reunirse el lunes con la delegación de los guaraní kaiowa.

La ministra de Derechos Humanos aseguró tras el encuentro del martes con los indígenas que el gobierno agilizará las acciones para delimitar el territorio en disputa.

La fiscalía tiene en sus manos 141 acciones legales que involucran a esta etnia indígena, en casos que tienen que ver con demarcación de tierras, asesinatos, racismo y genocidio.