El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró el célebre programa de confiscaciones federales de Bal Harbour y ordenó a la policía que devolviera más de $4 millones, imponiendo a la agencia duras sanciones por aprovechar dinero del narcotráfico para costear vuelos en primera clase, alquiler de automóviles de lujo y pagos a informantes en todo el país.

Después de años confiscando millones a delincuentes, el escuadrón contra el vicio de Bal Harbour tiene ahora prohibido el programa federal que permitió durante años a la policía de la ciudad confiscar autos, barcos y dinero en efectivo —y quedarse con una parte de los ingresos.

En una carta mordaz al jefe de la policía, Thomas Hunker, los agentes federales exigen la restitución inmediata de los millones acumulados el año pasado por un equipo cuya sede central está en un remolque policial, a pocas cuadras de las opulentas tiendas de Bal Harbour.

Durante años, la pequeña ciudad costera conocida por sus conductores a exceso de velocidad, se convirtió en una de las más exitosas en la Florida, con policías vestidos de civil viajando por todo el país con bolsas llenas de dinero, en investigaciones que no tenían conexión con Bal Harbour, y haciendo unos pocos arrestos.

Los hallazgos, publicados el martes, también se enviaron al alcalde Jean Rosenfield, quien no pudo ser contactado para hacer comentarios.

La acción de la división criminal del Departamento de Justicia llega después de una larga investigación que se inició el año pasado con una auditoría, y se convirtió en una pesquisa de profundidad que reveló una serie de problemas, incluyendo gastos cuestionables, cientos de miles de dólares pagados a soplones, y registros desaparecidos.

Ni Hunker, de 61 años, que fundó la unidad después de convertirse en jefe en el 2003, ni el sargento Paul Deitado, comandante del escuadrón, respondieron el martes las llamadas en solicitud de comentarios.

Un ex fiscal que dirigió la Fuerza Contra el Lavado de Dinero en el Sur de la Florida dijo que estaba asombrado por lo acontecido, que equivale al cierre de la unidad en casos federales.

“Bal Harbour va a tener que responder por sus transgresiones”, dijo David Macey, un ex fiscal estatal adjunto de Miami-Dade especializado en decomisos.

“Nunca he leído ninguna correspondencia dirigida a una agencia policial que amenace a todo el organismo con penalidades y sanciones penales”.

El ex jefe de Bal Harbour, Alfred Treppeda, ahora administrador de la ciudad, dijo que el consejo se reunirá en una sesión especial el jueves para hablar sobre el conflictivo programa, ahora bajo investigación criminal.

Treppeda se negó a discutir las sanciones, que están entre las más severas contra cualquier agencia en el país. “Realmente, no hemos tenido la oportunidad de hablar con el Departamento de Justicia todavía”, dijo.

The Miami Herald informó el domingo que el departamento de policía —una fuerza propia de una ciudad pequeña, que principalmente emite multas de tráfico— ha repartido cientos de miles de dólares a soplones, gastó hasta $23,704 en un mes en viajes por todo el país en vuelos de primera clase, con autos de alquiler Cadillac y Lincoln, y dilapidó fondos confiscados en salarios y beneficios para la policía.

The Herald encontró que dos de los agentes de policía ni siquiera radicaban en la ciudad, sino a cientos de millas de distancia, en el sur de California y la costa oeste de la Florida. Sus funciones: manejar a los soplones.

En menos de cuatro años, la unidad pagó $624,558 a los informantes por haberles avisado a los policías sobre lucrativas operaciones en New York, Nueva Jersey, California y otros estados, según descubrió el periódico.

El martes, el periódico demandó a Bal Harbour después que la ciudad siguió negándose a entregar todos los registros de los gastos de la ciudad.

En la carta del Departamento de Justicia, los agentes federales acusaron a la policía de la ciudad de dejar repetidamente de cooperar con los auditores, no entregándoles registros clave durante la investigación.

El Departamento de Justicia fustigó a Bal Harbour por emplear $709,836 en pagar salarios y beneficios a los empleados, a pesar de las estrictas prohibiciones federales contra tales prácticas.