Crescencio Marino Rivero, un temido ex jefe de prisiones cubano que recientemente se estableció en el sur de la Florida junto con su esposa, una ex oficial de migración, habría ordenado hace sólo dos años la agresión contra la hija de un disidente pacífico en Santa Clara, según fuentes consultadas por El Nuevo Herald. En Miami, sin embargo, mantiene un bajo perfil lo que le había permitido pasar inadvertido.

Rivero, de 71 años, ha sido calificado por activistas y ex presos políticos como un hombre particularmente agresivo y a menudo desagradable. Las denuncias también coinciden en señalarlo como un personaje que se aprovechó de su alto rango en el Ministerio del Interior para someter a los disidentes a tratos crueles e inhumanos.

“En dos o tres ocasiones estuvo en mi casa amenazándonos”, recordó Magda Monteagudo Barrio, esposa del opositor Rafael Pérez González. “Por eso nosotros pensamos que fue Rivero quien ordenó una agresión que sufrió mi hija cuando estaba embarazada”.

La agresión ocurrió en junio del 2010 y en septiembre de ese año Rivero y su esposa estaban viajando a Estados Unidos, explicó Monteagudo.

Rivero se jubiló aproximadamente hace siete años como coronel del Ministerio del Interior. Después de su retiro, él y su esposa Juana Ferrer, de 65 años, realizaron unos tres viajes desde Cuba para visitar a una hija que vive en el suroeste del Condado Miami-Dade. En su cuarta visita la pareja decidió establecerse definitivamente e iniciar los trámites de rigor para obtener un estatus legal en el país. El ex coronel es actualmente residente legal de Estados Unidos.

Un reportero de El Nuevo Herald intentó entrevistar el miércoles a Rivero. Cuando el reportero tocó la puerta del apartamento donde vive, una mujer que se identificó como la hija de Rivero abrió la puerta y dijo escuetamente que su padre no haría declaraciones públicas ni tendría contacto con los medios.

“El no va a hablar con la prensa”, indicó la mujer. Luego se escuchó la voz de un hombre mayor que, desde el interior de la vivienda, le ordenó a la joven que no siguiera hablando.

“Cierra esa puerta ya”, dijo el hombre, presumiblemente Rivero.

Al menos dos abogados de inmigración, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, han cuestionado abiertamente la forma en que Rivero y su esposa consiguieron permisos de residencia. Ambos ocuparon puestos en el gobierno cubano, eran miembros del Partido Comunista y enfrentan acusaciones de acoso y maltrato.

Todos los cubanos tienen la posibilidad de quedarse una vez que ponen pie en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser expulsados si mienten o tergiversan sus testimonios con el propósito de obtener el permiso correspondiente de residencia y ciudadanía.

“Personas como Rivero no pueden vivir en Estados Unidos con total impunidad”, comentó Alpízar. “Está viviendo cómodamente en Miami y a costa de los impuestos que nosotros pagamos”.

Vecinos del área aseguraron haber visto “en raras ocasiones” a Rivero. Una mujer que prefirió mantener su nombre en el anonimato indicó que las pocas veces que coincidió con Rivero en el vecindario fue cuando éste sacaba la basura muy temprano en la mañana. Otro vecino lo describió como un hombre distante y poco comunicativo.