SAN JUAN -- La recuperación económica de Puerto Rico, uno de los territorios con menor proporción de población activa del mundo, es uno de los principales retos que afrontará el próximo gobernador de la isla caribeña.

El próximo jefe del Ejecutivo encontrará sobre su mesa como tarea más urgente la búsqueda de una salida a más de cinco años de crisis que ha colocado a Puerto Rico en lo que los economistas califican técnicamente como estancamiento secular.

La crisis que hace más de un lustro golpea la isla se suma a una economía dependiente de Estados Unidos y que como dato significativo arroja que 640,000 familias se beneficien del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), creado para ayudar a personas con bajos recursos.

La cifra, que debe multiplicarse por tres para conocer el número real de personas que se benefician de estas ayudas para alimentación, se toma sobre una población de poco más de 3.7 millones de habitantes.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico y experto en ciclos económicos José Alameda señala gráficamente para explicar la situación de la isla que, aunque la caída en picado terminó en el 2010, la tendencia negativa no ha dado todavía señales de mejora.

Alameda indica que el actual gobernador Luis Fortuño ha intentado durante estos últimos cuatro años combatir la crítica situación económica con inversión pública, medida que, aclara, no ha sido suficiente para contrarrestar la falta de empuje de la iniciativa privada.

La remodelación de escuelas y carreteras ha sido una alternativa poco efectiva para dar respuesta a la caída de la economía en los últimos años, añade el catedrático puertorriqueño.

La debilidad económica va acompañada de un desempleo que afectaba el pasado septiembre a 173,000 personas, el 13.6 por ciento de la población activa, que sólo alcanza el 39.2 por ciento, uno de los valores más bajos del mundo.

Puerto Rico, con un Producto Interior Bruto de $96,300 millones y una renta per cápita de $24,229, registró una caída de su economía del 3.8 por ciento en 2el010, el último dato oficial disponible.

La crítica situación por la que atraviesa Puerto Rico llevó en el 2005 al Banco de la Reserva Federal en Nueva York a reclamar un cambio profundo en el mercado laboral como vía para reducir el alto desempleo y el bajo porcentaje de población activa.

El primer ejecutivo de la entidad financiera, William Dudley, alertó entonces de la alta dependencia de las empresas farmacéuticas que desde hace décadas están instaladas en Puerto Rico y que han provocado una especialización sin alternativas de personas en edad productiva cuando muchas de estas compañías están abandonando la isla.

El gobernador Luis Fortuño heredó un déficit fiscal de $3,200 millones, al que respondió con el despido de miles de empleados públicos, carga que ahora parece que busca contrarrestar en su campaña con una lista de éxitos.

Fortuño dice haber inyectado más de $7,000 millones a la economía a través de fondos provenientes de Washington y asignado $500 millones más para el desarrollo de proyectos de infraestructura, lo que permitió crear cerca de 18,000 nuevos empleos.

La oposición que encabeza el presidente del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, asegura que Fortuño es el responsable del despido de 30,000 empleados públicos y de cargar a los boricuas con $860 millones a través de 19 nuevos impuestos.