Tras pasar dos años viviendo en el anonimato en Miami, el ex jefe del Departamento de Prisiones de la provincia Villa Clara, en Cuba, decidió el jueves romper su silencio y reconoció que fue un alto funcionario del Ministerio del Interior (MININT).

“Hasta febrero de 1996 fui jefe [director] del Dpto. Jurídico del MININT que tenía como función supervisar y controlar el actuar jurídico de los jefes y funcionarios del sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara”, afirmó el ex coronel Crescencio Marino Rivero en un correo electrónico enviado a El Nuevo Herald.

En una entrevista posterior que concedió a América Tevé (Canal 41), admitió que no había revelado a las autoridades de Estados Unidos su condición de ex alto militar al servicio del gobierno cubano.

“Los documentos nos los hizo un tramitador en Santa Clara. En ese momento estaba 14 años fuera del MININT, no le di importancia, ya llevaba 14 años fuera del MININT trabajando como profesor adjunto de la universidad”, indicó Rivero. “Aquí tampoco me lo preguntaron. Los documentos para presentar la residencia los hizo una agencia que se dedica a eso”.

Por otra parte, Rivero negó las acusaciones de que es responsable por cometer abusos y maltratos en las prisiones y tildó de “mentirosos” a los tres ex presos políticos y disidentes que lo han denunciado.

“En este país viven cientos de personas honestas y veraces que estuvieron presos en algunas de las prisiones de Villa Clara, que sí me conocen, que saben de mi comportamiento ético y moral como jefe del Dpto de Prisiones, a cientos de ellos los ayudé a progresar hacia mejores condiciones carcelarias”, sostuvo el ex militar a El Nuevo Herald.

Figuras de la oposición interna como Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, y los ex presos políticos Rafael Pérez y Benito Ortega acusaron a Rivero de negar tratamiento médico a un recluso de conciencia, proferir amenazas de muerte y ordenar golpizas, incluso contra una mujer embarazada, entre otros actos humillantes.

El caso de Rivero se dio a conocer recientemente cuando dos abogados de inmigración en Miami, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, contactaron a fiscales federales para saber cómo se les pudo permitir la entrada al país a él y a su esposa, Juana Ferrer, una ex oficial de migración, sin considerar sus antecedentes ni los cuestionamientos de los opositores.

Rivero y Ferrer son residentes legales en Estados Unidos y aparentemente están recibiendo beneficios con dinero de los contribuyentes, explicaron los abogados.

Rivero acusó a Allen y Alpízar de amparar mentiras y buscar protagonismo mediático para agenciarse “fama” entre los cubanos inmigrantes en Estados Unidos con el propósito de obtener más clientes.

Sobre la esposa de Rivero ha trascendido que se trata de una mujer que llegó a teniente coronel del Ministerio del Interior. Algunos disidentes aseguran que participó en actos de repudio y amenazas contra la oposición pacífica.

Hace solo dos días Rivero se negó a dar declaraciones a un reportero de El Nuevo Herald que se presentó en su modesto apartamento en el suroeste de Miami. Una mujer que se identificó como la hija de Rivero abrió la puerta y dijo escuetamente que su padre no haría declaraciones públicas ni tendría contacto con los medios.