WASHINGTON -- Para el presidente Barack Obama, la Agencia de Protección Financiera al Consumidor (CFPB) es un logro distintivo de su período presidencial y una prueba concreta del compromiso de su administración con la reforma financiera. “Ya los consumidores no tienen que enfrentar solos el riesgo de prácticas injustas o engañosas o abusivas” , dijo el Presidente durante una visita meses atrás a la recién creada agencia.

Su rival republicano, Mitt Romney, considera a la oficina un ejemplo del desatino gubernamental. Romney la ha condenado como “tal vez la burocracia más poderosa y despótica en la historia de nuestra nación”.

El contraste de sus opiniones ilustra las drásticas diferencias en la forma en la que los candidatos encaran la regulación financiera y la protección al consumidor tras la crisis económica del 2008.

La oficina fue creada por la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor del 2010, que concedió a la agencia poderes de supervisión y regulación sobre las hipotecas, los reportes de crédito, el cobro de deudas y los préstamos de efectivo llamados payday loans y servicios financieros para los consumidores. Tiene un límite de presupuesto de $598 millones de la Reserva Federal y una nómina de unas 950 personas. Obama designó en enero como director de la misma a Richard Cordray, a pesar de las objeciones de los republicanos.

Hasta el mes pasado, el Centro de Respuesta al Consumidor de la agencia había recibido 80,000 quejas de consumidores sobre tarjetas de crédito, cuentas de banco, hipotecas y otros préstamos al consumidor. Sus primeras medidas importantes contra Capital One Bank, Discover y American Express han tenido como resultado un total de $435 millones en devoluciones a casi 6 millones de clientes, además de $101 millones en multas.

La agencia “está mostrando de manera realmente significativa los beneficios que puede brindar a los consumidores”, dijo Brian Deese, subdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Romney ha dicho que él quiere “derogar y reemplazar” la Ley Dodd-Frank si sale electo. Para la oficina de los consumidores, eso probablemente significaría una restructuración, y no el cierre.

Romney quiere cambiar la estructura de gobierno en la oficina, de un director único a una comisión o junta directiva, de forma similar a agencias comparables como la Comisión de Valores y Bolsa, o la Comisión de Comercio de Bienes Comercializados en el Mercado de Futuros. “Creo que una estructura de comisión es más significativa que una persona que tiene un poder extraordinario en sus manos”, dijo el director de política económica de Romney, Pierce Scranton.

“Pienso que esto ha añadido una carga y una confusión tales que la gente no tiene idea de qué es lo que tiene que cumplir, y eso es particularmente difícil si eres una institución pequeña y no tienes un ejército de abogados que te diga cómo hacer las cosas”.

Los activistas a favor de los consumidores afirman que los cambios propuestos por la campaña de Romney y los oponentes de la ley quitarían todo poder a la agencia.

“Luego de años en que los bancos cometieron todo tipo de mala conducta, lo cual en esencia destruyó nuestra economía, la idea de destrozar esta agencia que acaba de ser creada y que sus poderes sean entregados a las agencias reguladoras que fracasaron miserablemente en los años que condujeron a la crisis económica es totalmente absurdo”, dijo Ira Rheingold, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Activistas a Favor de los Consumidores.

Los servicios financieros tienen un impacto enorme en la vida de las personas, y si las compañías no actúan responsablemente al vender estos servicios, eso podría conducir a un desastre global como ocurrió en el 2008, dijo Linda Sherry, de la agencia sin ánimo de lucro Consumer Action.