Un fiscal federal expresó objeciones el viernes en un juzgado de Fort Lauderdale a los planes de los abogados defensores de tomar declaraciones juradas a dos acusados en un caso de narcotráfico que huyeron a Venezuela luego de que un tercer sospechoso fuera arrestado en el aeropuerto de Opa-locka.

El fiscal Eric Hernández dijo que tomar declaraciones de los prófugos, Paul Córdoba y Marlon Córdoba, podría poner en peligro a cualquier delegación oficial que viajase a Venezuela para las posibles entrevistas. Según funcionarios del gobierno federal, los Córdoba huyeron a Venezuela poco después de que el tercer acusado, Jefferson Castillo, fuera detenido en el aeropuerto de Opa-locka cuando se aproximaba a un avión ejecutivo. No se sabe si abordo lo esperaban los Córdoba, que han sido acusados por Estados Unidos de transportar cocaína de la ciudad venezolana de Valencia a Fort Lauderdale a bordo de aviones.

El caso salió a la luz pública cuando agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Castillo en el aeropuerto de Opa-locka el 5 de marzo. Cuando Castillo compareció en la corte federal en Miami días después, los fiscales federales revelaron que él era uno de varios venezolanos o personas con nexos a Venezuela que estaban presuntamente implicados en una red de narcotráfico y lavado de dinero.

La fiscalía federal detalló el caso contra Castillo en una declaración jurada preparada por ICE que alega que el venezolano colaboró con los Córdoba, piloto y copiloto de un avión privado, que entre el 1ro. y el 2 de agosto del 2009 trajo ilegalmente desde Valencia al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, más de 300 kilos de cocaína. Según la declaración, Castillo estaba en el aeropuerto de Fort Lauderdales con la misión de alertar a la tripulación si detectaba la presencia de agentes del orden que pudieran interferir con el cargamento.

Los fiscales dijeron después en una audiencia en la corte federal que además del vuelo del 2009 las acusaciones involucraban otros viajes durante los cuales casi 700 kilos de cocaína fueron contrabandeados desde Venezuela.

La fiscalía eventualmente redujo los cargos contra Castillo a uno solo, relacionado con transacciones bancarias ilegales derivadas del contrabando de drogas. En agosto Castillo se declaró culpable del cargo que quedaba y se espera que colabore con el gobierno federal si el caso contra los Córdoba y otros acusados llega a juicio.

La posibilidad de que tenga lugar el juicio en enero como está programado actualmente, parecía remota el viernes cuando la fiscalía y los abogados defensores de varios acusados fracasaron en ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de tomar declaraciones a los Córdoba en Venezuela.

Los abogados de los otros implicados en el caso desean tomar declaraciones de los Córdoba para ver si tienen información que pudieran utilizar en el juicio a favor de sus clientes. Los fiscales federales tienen el derecho de participar en la toma de declaraciones.

Hernández, el fiscal federal en el caso, dijo a la jueza de distrito Robin Rosenbaum que viajar a Venezuela conlleva potenciales peligros y problemas logísticos para fiscales y agentes involucrados en la investigación.

“Necesitamos un lugar seguro y los abogados defensores necesitan encontrar tal sitio”, dijo Hernández.

Los tres abogados defensores que se encontraban en la corte dijeron que se podría alquilar un salón de conferencias de algún bufete jurídico en Caracas o las declaraciones se podrían tomar en la embajada de Estados Unidos, si es que la fiscalía daba garantías de no arrestar ahí a los Córdoba, que son ciudadanos estadounidenses de origen venezolano.

Hernández dijo que antes de que se finalice cualquier arreglo, la fiscalía en Miami necesita la aprobación de los departamentos de Justicia y Estado, y el permiso de Venezuela, para realizar el viaje con las visas apropiadas.

La jueza Rosenbaum, con evidente exasperación, exhortó a Hernández a que colabore activamente con los abogados defensores para lograr las declaraciones juradas antes del juicio.

“La fiscalía de Estados Unidos tiene ciertas obligaciones y usted tiene que participar con la defensa para organizar estas sesiones”, dijo Rosenbaum.

Al final de la audiencia,.Rosenbaum fijó para el próximo viernes una reunión entre la defensa y la fiscalía para ver si se ponen de acuerdo sobre un plan para viajar a Venezuela, y ordenó que los abogados presenten un informe el 16 de noviembre.