Elena Díaz, mexicana de 30 años de edad, llegó a Estados Unidos con su esposo hace una década.

Una vez aquí, el esposo empezó a golpearla con frecuencia. Díaz amenazó con llamar a la policía, pero su marido le advirtió que si lo hacía iba a ser deportada porque la familia estaba ilegalmente en el país.

Por ende, Díaz continuó soportando más años de abuso hasta que su marido, en un ataque de rabia, secuestró a su hijo de 2 años. Temiendo por la vida del niño, Díaz finalmente superó sus temores y llamó a la policía.

Eso permitió que Díaz no sólo evitara la deportación, sino que pudiera solicitar una visa temporal para víctimas de un delito grave como la violencia doméstica. Díaz, con la ayuda del grupo de asistencia jurídica en Miami, Americanos Pro Justicia Inmigrante, eventualmente obtuvo la visa que le otorgó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

De esta manera, Díaz se convirtió en una de las 10,000 personas, en su mayoría mujeres, que reciben las llamadas visas U que USCIS aprueba anualmente a víctimas de delitos. Cada vez más las víctimas de estos delitos, especialmente mujeres que han sufrido violencia doméstica, solicitan la visa y en los últimos tres años USCIS no ha tenido problemas para llenar su cupo anual de 10,000 visas U.

El 21 de agosto, USCIS marcó un hito importante en sus esfuerzos por proporcionar la visa a víctimas de delitos cuando en esa fecha llegó al limite legal a máximo de 10,000 visas U para el año fiscal 2012. Es el tercer año consecutivo que USCIS alcanza el monto máximo de visas desde que la agencia comenzó a emitirlas en el 2008. En el año fiscal 2009, por ejemplo, menos de 7,000 personas solicitaron visa U, según estadísticas de USCIS.

Funcionarios de USCIS y abogados de inmigración que ayudan a extranjeros que solicitan visas U dijeron que más víctimas de delitos están solicitando el beneficio, porque hay más conciencia sobre la existencia del programa por parte de los defensores de los inmigrantes y las agencias policiales.

“A pesar de que la existencia del programa de la visa U es un recordatorio aleccionador de que el crimen violento es muy común, a USCIS le complace que nuestros esfuerzos han traído beneficios a miles de víctimas, al mismo tiempo que ha apoyado la campaña para llevar a los criminales ante la justicia”, dijo Ana Santiago, vocera de USCIS en Miami. “Nuestro esfuerzo de acercamiento a la comunidad, combinada con los esfuerzos de los grupos de la comunidad y la cooperación de las fuerzas del orden, nos ha permitido cumplir con la intención del Congreso hacia el programa de visas U de nuevo este año”.

Para que USCIS considere seriamente una petición de visa U, esta debe ir acompañada de la certificación de una agencia policial verificando que el peticionario es víctima de un delito grave y que cooperó con las autoridades durante la investigación del caso.

En octubre pasado, funcionarios de USCIS que participan en el procesamiento de las visas U, visitaron Miami y otras ciudades estadounidenses reuniéndose con defensores de inmigrantes, abogados de inmigración y agentes de las fuerzas del orden para dar detalles del programa.

Una de las reuniones se llevó a cabo en las oficinas de Americanos Pro Justicia Inmigrante cerca del downtown de Miami. Ahí es donde la abogada de Díaz, Michelle Ortiz, trabaja como directora del proyecto Lucha que ayuda a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y trata de personas.

Ortiz cree que el límite anual de 10,000 visas U es poco y debe aumentarse.

“Cuando nos fijamos en las cifras nacionales, 10,000 al año, sigue siendo un número limitado”, dijo. “Cada año llegan al tope, así que esto significa que hay más de 10,000 personas a las que les interesa pedir la visa”.

Ortiz recientemente logró obtener residencia permanente para Díaz, cuya visa U inicial le dio un estatus migratorio temporal por cuatro años.

Mientras que las visas U no pueden ser renovadas o extendidas, las personas que tienen la visa pueden solicitar tarjeta verde de residencia después de tres años.

“Ella la solicitó a principios de este año y acaba de ser aprobada el mes pasado”, dijo Ortiz.