La Paz -- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el lunes que se suspende el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para confiscar bienes a contrabandistas, narcotraficantes y corruptos ante las presiones de sectores sociales que creen que su patrimonio está en peligro por esa normativa.

El mandatario anunció también que ha decidido enviar al Tribunal Constitucional el proyecto, denominado “Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado”, para que ese órgano se pronuncie sobre si la norma respeta la Constitución.

Morales defendió que se trata de una norma propuesta “para fortalecer la lucha contra el crimen organizado” en Bolivia, sin embargo quiere conocer la opinión del Tribunal sobre su contenido, incluso cuestionado por dirigentes del oficialismo en el Congreso.

Las confederaciones de comerciantes y transportistas, que juntos tienen un gran poder de movilización social en el país, denunciaron que el proyecto de ley viola la Constitución y pone en riesgo su patrimonio aunque el mismo no tenga su origen en delitos.

Los comerciantes sostienen que la norma les perjudicará porque fija un plazo de 5 días para que un acusado de contrabando demuestre el origen legal de una casa o un vehículo.

Los comerciantes que trabajan en el sector informal de la economía, que es mayoritario en Bolivia, y cuya mercadería puede ser investigada por contrabando, han pedido no ser incluidos “en la misma bolsa” junto al narcotráfico como, a su juicio, hace la norma.

Los sindicatos del transporte se oponen a la normativa porque, según denuncian, permitirá que el Estado decomise sus vehículos si en ellos se descubre que terceros llevan droga o contrabando.

El Gobierno ha explicado que todos los procedimientos se harán con el respaldo de decisiones judiciales, pero los dirigentes de los sectores sociales no confían en esa explicación y por eso han pedido a Morales que de marcha atrás con el proyecto de ley.

El líder nacional de los comerciantes, Francisco Figueroa, dijo el lunes que, tras el anuncio del mandatario, se suspenden las movilizaciones previstas en las ciudades para los próximos días, pero también harán conocer sus observaciones al Constitucional.

La Confederación de Choferes, que hace dos semanas realizó un paro nacional de 24 horas con un seguimiento parcial, también anunció que deja sin efecto su convocatoria a nuevas protestas hasta conocer el fallo del Constitucional, según medios locales.