SAO PAULO -- El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunció el martes medidas conjuntas del gobierno federal y el gobierno del estado para intentar frenar una ola de asesinatos de policías militares, vinculada a una banda de criminales encarcelados.

Al menos 33 personas han muerto en los últimos cinco días, muchos de ellos policías militares, en una ola de homicidios ligados al grupo criminal conocido como “Primer Comando de la Capital” (PCC).

Tras reunirse con el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, Alckmin indicó el martes en conferencia de prensa que se creará una nueva agencia que integrará recursos federales y estatales para enfrentar la lucha contra el crimen organizado.

La agencia comenzará a funcionar el próximo lunes, afirmó.

El plan incluye la eventual transferencia de delincuentes involucrados en el homicidio de policías y guardias penitenciarios a prisiones federales de máxima seguridad, dijo el gobernador.

También prevé intensificar la vigilancia de carreteras, puertos y aeropuertos, así como aumentar las acciones contra el tráfico de crack, incluido a través de videocámaras de vigilancia.

Cardozo indicó que las agencias de inteligencia federales y estatales también aumentarán los esfuerzos para combatir el lavado de dinero por parte de grupos criminales.

“La asfixia financiera (de estos grupos) es fundamental”, indicó.

La prensa local indicó previamente que Cardozo había ofrecido hasta 300 celdas en prisiones federales fuertemente vigiladas para acoger a delincuentes provenientes de prisiones paulistas.

El PCC ha sido vinculado a varios de los 90 homicidios de policías militares y de tres guardias penitenciarios en el estado este año.

Decenas de civiles han muerto como resultado del fuego cruzado entre policías y delincuentes o en ataques indiscriminados contra presuntos criminales, según familiares de las víctimas cometidos por policías como represalia por la muerte de colegas.

En setiembre, la cifra de homicidios en el estado fue de 144, un 27% más que en agosto.

El PCC fue creado en 1993 por ocho prisioneros que cumplían su pena en la cárcel de máxima seguridad en Taubaté, a 141 km al noreste de Sao Paulo.

Entre los documentos incautados por la policía durante una operación realizada la semana pasada en la favela de Paraisopolis, la principal de Sao Paulo, figura una lista con nombres, direcciones y descripciones físicas de más de 40 policías militares.

También se encontró una carta con órdenes para matar a dos policías militares por cada “ejecución cobarde” de un miembro del PCC.

El secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, Antonio Ferreira Pinto, ha negado informaciones de prensa que señalan que el PCC tiene casi 1,350 miembros, y asegura que “no llegan a 30 o 40 individuos que están presos hace mucho tiempo y se dedican a vender drogas”.

Pero Camila Dias, una experta del Núcleo para el Estudio de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo (USP), dijo a la AFP que el PCC domina el crimen organizado en el estado, controlando el narcotráfico y el tráfico de armas así como los asaltos de bancos.

Durante la noche del lunes al martes, siete personas más tuvieron muertes violentas y tres autobuses fueron incendiados en Sao Paulo, según la secretaría de Seguridad del estado.

Alarmada por la creciente violencia en la capital económica y ciudad más poblada de Brasil, con unos 20 millones de personas en su área metropolitana, la presidenta Dilma Rousseff llamó por teléfono la semana pasada a Alckmin y ambos acordaron dar una respuesta conjunta al problema.