Madrid -- El Gobierno español decidió hoy adelantar sus gestiones para ultimar una propuesta encaminada a evitar desahucios, horas después de que se suicidara una mujer cuando iba a ser desalojada de su vivienda en la localidad vasca de Barakaldo.

La víctima, Amaia Egaña, de 53 años, fue concejal socialista en otro pueblo vasco y, con ella, ya son dos las personas que se han suicidado en España en menos de 20 días por el mismo motivo.

Este hecho provocó hoy numerosas reacciones sociales y de las fuerzas políticas ante la amplitud que está adquiriendo el problema de las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica y la alta tasa de desempleo que tiene España, del 25 por ciento de la población activa.

Los desahucios han afectado ya, desde el inicio de la crisis económica en 2007, a unas 400,000 familias en España, que han tenido que entregar sus viviendas a los bancos al no poder hacer frente al pago de sus créditos.

Fuentes del Gobierno dijeron hoy a Efe que consideran urgente avanzar en una propuesta legislativa para impedir que se hagan efectivos los desalojos de las familias afectadas.

La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es llevar su iniciativa a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes con representantes del opositor partido socialista (PSOE) para intentar llegar a un acuerdo en torno a la adopción de nuevas medidas que palíen el problema de los desahucios.

Esta semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, mantuvieron una reunión para tratar de acercar posturas.

Precisamente, Valenciano pidió hoy al Gobierno y a los bancos que, hasta que haya una nueva ley, se paralicen todos los desahucios de familias que solo dispongan de una vivienda.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió en una carta a los presidentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y al de la Asociación Española de la Banca (AEB) que suspendan los desahucios.

En las misivas, a las que tuvo acceso Efe, el líder el PSOE solicita “la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una regulación sobre esta materia”.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, abogó a su vez por aplicar un cambio “profundo” en la legislación en materia de desahucios para evitar que personas que no pueden afrontar el pago de hipotecas se vean abocadas a graves situaciones e incluso el suicidio.

En ese mismo sentido, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, dijo que la ley que regula los desahucios de viviendas “no es la adecuada y debiera reformarse”.

El mismo juez de Barakaldo que se ha encargó del levantamiento del cadáver de la mujer que se suicidó arrojándose desde la cuarta planta pidió la modificación de la legislación vigente para evitar que se repitan sucesos de este tipo.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, opinó que deberían aplicarse ya moratorias a todos los alzamientos por desahucio de primeras viviendas de quienes se encuentran en situación de desempleo.

También reclamó que se tramite por vía de urgencia la reforma legal que está elaborando el Gobierno español para evitar que las familias que acumulen impagos deban, finalmente, abandonar sus viviendas.

Por su parte, el presidente vasco en funciones, el socialista Patxi López, se declaró “destrozado” por la muerte de Amaia Egaña, a quién consideraba “una amiga”.

Las reacciones a favor de que se evite el desalojo de familias por esta causa han llegado desde sindicatos, partidos, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y también del presidente de la Conferencia Episcopal española, Antonio María Rouco Varela, quien pidió hallar una solución “justa, equitativa y solidaria” al “problema angustioso de los desahucios”.

Amaia Egaña se suicidó esta mañana arrojándose por la ventana de su vivienda cuando la comitiva judicial iba a expulsarla.

La actual legislación en España establece que en el caso de que una persona no pueda pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la entidad financiera prestataria puede embargar la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda hasta que se salde la misma, con lo que la dación no está contemplada en la ley.