Impugnan en las cortes la reelección de Hugo Chávez

 
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A un mes de la reelección presidencial de Hugo Chávez, las dudas sobre la transparencia del proceso de votación aún persisten en Venezuela, en momentos en que el resultado es impugnando en las cortes y dirigentes expresan temores de que la percepción de fraude propicie un marcado ausentismo en los comicios regionales de diciembre.

La desconfianza sobre el sistema perdura aún cuando el derrotado candidato de la oposición, Henrique Capriles, fue el primero en acompañar al gobierno en asegurar que no hubo mal manejo en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, y el país petrolero es inundado por señalamientos de que el férreo control de Chávez sobre las instituciones del Estado, incluyendo la autoridad electoral, no deja espacio para la realización de elecciones libres.

“En Venezuela hemos estado sufriendo un proceso de defraudación colectiva. El siete de octubre fue la culminación de ese proceso. Aquí lo que hubo fue un fraude en cámara lenta, bajo la mirada de todo el país”, dijo Diego Arria, ex embajador del país petrolero ante las Naciones Unidas.

“Es un fraude que ha sido cometido incluso bajo la mirada de la oposición, que pasivamente ha venido aceptado una serie de medidas que paso a paso y en cámara lenta permitieron que se cometiera el fraude”, sostuvo el también ex candidato presidencial.

Un recurso legal introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar los resultados de los comicios y solicitar nuevas elecciones detalla una lista de pasos adoptados para el gobierno que volcaron la elección fraudulentamente a favor de Chávez

La impugnación, introducida por un grupo de representantes de la sociedad civil, alega que algunos de esos pasos fueron tomados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que debería velar por la transparencia y el equilibrio de los comicios pero que en realidad actúa como un brazo de la Revolución Bolivariana para garantizar que la presidencia de Chávez no esté realmente amenazada.

Entre los diferentes alegatos presentados, los demandantes -que incluyen académicos y reconocidos expertos jurídicos y electorales- aseguran que incluso la propia candidatura de Chávez era ilegal debido a que recaía sobre el mandatario una provisión constitucional que prohíbe la postulación de militares activos, condición que asumió este año a través de la aprobación de una ley.

La candidatura había sido impugnada en junio por un grupo de oficiales retirados de alto grado, pero el cuestionamiento fue ignorado por el CNE, entidad que debía esperar primero un pronunciamiento de las cortes sobre el recurso antes de aceptar la candidatura.

El artículo 330 de la Constitución venezolana estipula que los integrantes de la “Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tiene derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo” político.

“Ya de entrada, Chávez no podía ser candidato. Sin embargo, el Consejo Nacional electoral lo admite. Entonces eso es parte del fraude, porque fue candidato de una manera fraudulenta”, comentó Ana Mercedes Díaz, ex Directora de Partidos Políticos del CNE.

Los autores del recurso legal también alegan que el CNE violó las disposiciones electorales contempladas en la Constitución al modificar los reglamentos de votación en junio, a fin de autorizar el uso de un sistema de autentificación combinado con un cuaderno electrónico de votación.

La disposición, adoptada cuatro meses antes de la realización de los comicios, viola el artículo 298 de la Constitución que establece que la ley que regula los procesos electorales “no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”, resalta la impugnación.

Por otro lado, los autores del recurso señalan que las autoridades venezolanas ignoraron un recurso legal introducido en mayo exigiendo una depuración del Registro Electoral Permanente (REP), señalando la existencia de una larga lista de irregularidades.

Esa moción fue introducida tras el estudio de un muestreo de 5 por ciento del REP, que detectó una cadena de irregularidades, incluyendo la presencia de miles de inscripciones repetidas, inscripciones de personas fallecidas, de personas que legalmente no están habilitadas para votar y de inscripciones fraudulentas.

Entre las inscripciones fraudulentas, el recurso legal muestra la detección en el muestreo de 1,079 electores que según la información del registro cuentan con entre 111 y 129 años de edad, pero que habían todos nacido el mismo día, el 10 de mayo de 1955.

“Ese recurso que fue introducido ante el Consejo en tiempo hábil, cumpliendo con todos los requisitos, fue engavetado, y no se le dio curso. Eso fue fraude, fraude en el registro como establece la ley, porque se estaba impugnando una cantidad de más de dos millones de personas, y lo lógico hubiese sido que se abriera un procedimiento para poder determinar la veracidad del contenido del registro”, sostuvo Díaz.

La impugnación también alega que el gobierno amenazó con hacer uso de violencia para ejercer presión sobre los electores y sobre el candidato de la oposición, presentando como prueba las propias declaraciones de Chávez.

Durante la campaña, el mandatario amenazó a la población con una guerra civil si él perdía los comicios, y el día de la elección, el gobierno desplegó soldados y vehículos blindados y miles de militantes armados que patrullaban las calles en motos, para intimidar a los votantes.

La intimidación también fue ejercida sobre el elector a través del uso de los equipos de verificación de identidad electrónicos conocidos como capta huellas, que según la impugnación en realidad solo fue introducida para atemorizar a los electores con la posibilidad de que el voto no fuese secreto.

Ese temor tenía una alta incidencia entre los electores de Venezuela, muchos de los cuales ya habían sido marginalizados y sancionados por haber firmado la solicitud del referendo revocatorio realizado en 2004, convirtiéndose en víctimas de la denominada Lista Tascón.

Asimismo, la impugnación denuncia que el CNE estableció una “alcabala ilegal” en los centros de votación designados a electores vinculados con la oposición al establecer “Estaciones de Identificación del Elector”.

Esas estaciones habrían servido de “‘alcabala ilegal’ para el ejercicio del derecho del voto”, debido a que los trámites adicionales demoraron considerablemente la votación de los electores de la oposición, mientra que el sistema no fue aplicado en los centros de votación de alta afluencia de los seguidores de Chávez.

“Sin duda, esto constituyó una práctica discriminatoria que afectó el derecho al ejercicio del voto de unos electores, mientras que a otros no se los sometió al mismo requisito –que terminó siendo un insoportable calvario, el día de las elecciones”, resalta el documento de impugnación.

Carlos Fernández, ex presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecamaras), la mayor agrupación empresarial de Venezuela, sostuvo que la pasada elección terminó por demostrar que en Venezuela el concepto de elecciones libres es solo un mito.

“En Venezuela quedó evidenciado que es imposible obtener unas elecciones transparentes, libres y auténticas mientras el Consejo Nacional electoral esté regido por estos rectores que obedecen en su gran mayoría directamente a Hugo Chávez”, dijo Fernández.

“Queda bien claro que no estamos ante una democracia, estamos ante una autocracia, que estamos ante un régimen dictatorial y queremos dejar claro que lo que viene para Venezuela a partir del próximo año 2013 va a ser una situación sumamente complicada de convivencia nacional”, agregó.

Esa percepción quedó grabada en la mente de muchos venezolanos, en momentos en que el país está a escasas semanas de sostener nuevas elecciones para escoger gobernadores, que serían los últimos bastiones que le quedan a la oposición.

Arria señaló que esos comicios serán realizados bajo el esquema fraudulento impuesto por Chávez, pero instó de todas maneras a todos los venezolanos a que salgan a votar.

“El año 13 es un año de resistencia venezolana. No una resistencia de fusiles, sino de una resistencia armada con los instrumentos que la constitución permite a las sociedades que tienen que protestar contra los abusos de sus gobernantes”, comentó Arria.

“Para poder resistir no puedes dejar de ocupar espacios. Tienes que ocupar todos los espacios que te sean posible para que haya mayor resistencia a impedir lo que será la comunización del país”, agregó.

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