Madrid -- La Asociación Española de Banca (AEB) anunció el martes el compromiso de paralizar los desahucios de viviendas por impago de hipotecas durante los dos próximos años en lo casos en los “que concurran circunstancias de extrema necesidad” de las personas afectadas.

En un comunicado, la patronal bancaria española puntualiza que este compromiso responde a “razones humanitarias” y fue comunicado al Ministerio de Economía y al Banco de España.

El acuerdo es fruto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados “a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica” que vive el país, agregó la AEB.

Las cajas de ahorros anunciaron asimismo que se suman a la paralización de los desahucios para casos de viviendas habituales y colectivos vulnerables, una suspensión que se aplicará hasta que entre en vigor la reforma de la normativa en la que trabajan el Gobierno y la oposición.

Los desahucios han afectado desde el comienzo de la crisis en España, en el año 2007, a unas 400,000 familias que tuvieron que entregar sus viviendas al no poder hacer frente al pago de su hipoteca.

La ley que rige en España estos casos, que data del siglo XIX, no contempla la posibilidad de cancelar toda la deuda contraída con la entrega de la casa, por lo que además de perder la vivienda muchas familias deben luego hacer frente al pago de la deuda con el banco si la entidad no recupera todo el importe del crédito concedido.

En las últimas horas, algunas entidades financieras habían anunciado su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria ante la alarma social creada por la trágica muerte de una mujer el pasado viernes en Baracaldo (País Vasco) cuando iba a ser desahuciada.

El anuncio de la patronal bancaria se produce pocas horas antes de que el Gobierno que preside Mariano Rajoy y el Partido Socialista, el principal de la oposición, abran la negociación para llevar a cabo una reforma que permita frenar los desahucios de las familias más vulnerables.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y el principal partido opositor, al igual que la iniciativa de la banca, se producen en medio de una fuerte polémica social a raíz de la multiplicación de los casos de desalojos de familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca debido a la crisis, que elevó el desempleo en España al 25 por ciento de la población activa.

El suicidio de Amaia Egaña el pasado viernes cuando iba a ser expulsada de su vivienda fue el segundo atribuido en los últimos días en España a un desahucio.