Los reguladores de salud de la Florida usan el código de honor para supervisar las instalaciones de asistencia a pacientes (ALF), contando con los propietarios y los administradores para que informen al estado cuando a un empleado se le acusa de un delito como el fraude.

Pero cuando Tiffany Gordon fue acusada el año pasado de estafar al Hospital Jackson de Miami, que enfrentaba problemas financieros, en más de $83,000 mediante la creación de “empleados fantasmas” a los que les asignó cheques de pago, ella era al mismo tiempo la propietaria y la operadora de Intraqual Premier ALF.

Gordon sigue operando la instalación de Miami Gardens desde su casa, donde está bajo arresto domiciliario.

Eso puede cambiar pronto, sin embargo. La semana pasada, después de que The Miami Herald cuestionó cómo alguien podía operar un ALF -atendiendo a las múltiples necesidades de ancianos frágiles y de personas con discapacidades- mientras se encuentra en arresto domiciliario, la Agencia Estatal de Administración de la Salud presentó una denuncia administrativa contra Premier Intraqual, buscando revocar su licencia. Bajo las nuevas leyes estatales, las ALF deben informar al Estado cuando los dueños o administradores son acusados ​​de delitos penales, lo que los vuelve inelegibles para trabajar con clientes vulnerables, como ancianos frágiles y personas con discapacidades.

Gordon, de 35 años, no pudo ser contactada para hacer comentarios. Su abogado, Seth LaVey, se negó a discutir sobre Gordon o Premier Intraqual, y dijo que dio instrucción a Gordon de no discutir el caso tampoco.

“Ella sostiene que es inocente, y lo ha hecho así desde el día que nos hicimos cargo del caso”, dijo LaVey, por mediación de un integrante del personal de su oficina.

Cuando Gordon fue detenida en septiembre del año pasado, ella desempeñaba funciones de vigilancia financiera, supervisando el trabajo de una agencia privada que suministraba trabajadores temporales al Hospital Jackson Memorial.

También operaba Intraqual, en 19117 NW 33rd Ave., que había sido autorizada por el estado en noviembre del 2010 como una instalación de vida asistida con una licencia de atención ampliada, que permite que el hogar ofrezca un nivel de atención significativamente más alto que el de la mayoría de las ALF, acercándose a los servicios que ofrecen los hogares de ancianos. En los registros de licencias, Gordon aparece como directora, directora de operaciones, presidenta y copropietaria. También aparece como administradora y directora financiera.

En septiembre pasado, detectives de la policía de Miami-Dade la arrestaron y acusaron de estafar al atribulado hospital público la cantidad de $83,000.

La policía dijo que la estafa se realizó así: Gordon contrató a dos personas amigas y les pagó $49,301 y $34,323, en su mayor parte por no hacer nada. Una de las supuestas colaboradoras de Gordon, Janet Lockwood, recibió $17,000 del Jackson durante cuatro meses mientras asistía a campamentos de entrenamiento de la marina de guerra de Estados Unidos en Michigan e Illinois. La mayor parte del dinero fue traspasado de nuevo a Gordon, dijo la policía.

En los documentos, un detective dijo que el hospital descubrió el plan en julio del 2010, cuando una auditora interna le dijo a la policía que había sabido que Gordon “cometió un fraude de más de $300,000 en pagos a trabajadores temporales”.

Algunas de las cantidades habían sido pagadas por horas que no se trabajaron, mientras que otras se pagaron por no hacer absolutamente nada, escribió un detective. En ese momento, Gordon era la auditora del Jackson encargada de la supervisión de la empresa de empleados temporales, incluyendo la autorización de los reportes de horas trabajadas por los empleados.

La policía dijo que Gordon había recomendado encarecidamente que Lockwood y otra persona amiga suya fueran contratadas por el Jackson, aunque “no cumplían con los criterios mínimos de cualificación” para sus puestos.

En un documento acusatorio de fecha 8 de septiembre, Gordon se enfrenta a tres cargos: de compensación ilegal por parte de un empleado público, de llevar a cabo un esquema organizado para cometer fraude, y de mala conducta oficial por parte de un funcionario público. Está siendo juzgada por la unidad de corrupción pública de la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle.