Familia de Alan Gross demanda a EEUU

 

jcchavez@elnuevoherald.com

La familia del subcontratista del gobierno estadounidense Alan P. Gross presentó el viernes una demanda de $60 millones contra su antigua empresa de Maryland y el gobierno de Estados Unidos por considerar que Gross no fue entrenado debidamente para mitigar los riesgos que conllevaba su trabajo. La demanda también alega que Gross nunca fue informado en detalle sobre los peligros que este podía encarar al realizar tareas de desarrollo económico en Cuba sin la autorización de las autoridades cubanas.

Otra demanda de $10 millones fue hecha en una corte federal en el estado de Maryland contra Federal Insurance Company, compañía de seguros radicada en Nueva Jersey. La aseguradora debía cubrir la misión de Gross en un caso de emergencia mediante el pago de sueldos y otros gastos a la familia del contratista.

Gross trabajaba para Development Associates International (DAI), con base en el área suburbana de Washington. La empresa fue contratada a su vez por la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional (USAID) con el propósito de poner en marcha algunos de sus programas destinados a promover la democracia y el intercambio de ideas en la sociedad civil cubana.

Gross, de 63 años, fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre del 2009. Las autoridades de la isla lo condenaron a 15 años de cárcel. Su detención ocurrió después de haber entregado teléfonos satelitales y otros equipos de comunicación a miembros de la comunidad judía en Cuba y a otros grupos no gubernamentales.

Scott Gilbert, abogado de la familia Gross, declaró a El Nuevo Herald que la primera demanda precisa claramente que el gobierno estadounidense y DAI fallaron en comunicarle abiertamente a Gross sobre los riesgos y peligros que conllevaban sus actividades en la isla.

“En cada uno de sus informes de viaje, Gross señaló su preocupación por su seguridad, pero ellos continuaron enviándolo de regreso a Cuba”, precisó Gilbert. “Hizo cinco viajes, a pesar de haber manifestado su preocupación”.

Gilbert declaró que habló telefónicamente con Gross en horas de la mañana del viernes sobre las demandas presentadas. Según el letrado, Gross se mostró satisfecho con el curso del litigio y los argumentos que se debatirán en corte.

Gross viajó a Cuba con una visa de turista. Nunca reportó su ingreso como subcontratista del gobierno estadounidense. El gobierno cubano denunció que Gross entregó ilegalmente al menos un teléfono satelital BGAN. Este tipo de aparatos telefónicos pueden evadir el control gubernamental para monitorear todas las llamadas telefónicas regulares.

Sobre la segunda demanda, Gilbert fue enfático al señalar que se trata de hacer valer los términos de una póliza que está destinada a la cobertura de los empleados de DAI y sus cónyuges en casos excepcionales.

La póliza contempla el pago de sueldos y otros gastos en caso de una “detención ilegal”, como la de Gross, explicó Gilbert.

“A Alan y Judy no se les ha pagado un centavo”, declaró Gilbert. Según Gilbert la aseguradora ha desembolsado aproximadamente $2.3 millones a DAI. La póliza tiene una cobertura hasta de $5 millones. La demanda, agregó Gilbert, pretende aclarar el estado de los pagos y su destino final. Asimismo exige que la aseguradora deje de hacer pagos a DAI hasta que se aclare la situación de los depósitos.

Mientras tanto en una conferencia de prensa realizada en Washington D.C. la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, declaró que no estaba al tanto de la demanda ni tampoco conocía el alcance de la misma. Nuland se abstuvo de hacer declaraciones.

En ese contexto DAI afirmó por su parte que tiene “numerosos desacuerdos” con el contenido de la demanda de Gross y su familia. El comunicado no especificó cuáles son estos desacuerdos. Amplió que la compañía confía en que tendrá la oportunidad de dar a conocer su versión sobre los hechos.

El proceso judicial contra Gross en Cuba fue desde el inicio altamente sensible y complicado. Gross fue condenado en un juicio de primera instancia el 4 de marzo del 2011. Posteriormente se le concedió una audiencia de apelación el 22 de julio. La apelación fue rechazada.

Semanas después, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular ratificó la condena de 15 años de cárcel contra Gross.

Funcionarios de la administración del presidente Barack Obama han dicho que no habrá una gestión significativa de su parte para mejorar las relaciones con La Habana hasta que Gross sea liberado. En ese sentido la demanda contra el gobierno estadounidense presentada por el abogado de Gross añade un elemento más al ya complejo escenario sobre la situación legal de Gross en Cuba.

A comienzos de octubre, el subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Mike Hammer, criticó que el gobierno cubano no haya tomado con seriedad el caso de Gross y no muestre disposición para resolver el problema sobre la base de una salida humanitaria.

Inmediatamente después de la detención de Gross, las peticiones a favor de su excarcelación han sido formuladas una y otra vez: desde grupos de derechos humanos y activistas pacíficos, hasta líderes comunitarios y grupos organizados, como la Unión Americana de Sobrevivientes del Holocausto Judío y sus Descendientes.

Recientemente los abogados de Gross presentaron un informe médico a partir de pruebas entregadas por las autoridades cubanas que indican la posibilidad de que Gross tenga cáncer. Judy Gross, esposa del contratista, ha pedido al gobernante Raúl Castro que considere el estado de su marido y permita una salida humanitaria.

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