El activista Elizardo Sánchez Santa Cruz afirma desde La Habana que no siente rencor por los Caamaños, vecinos que colaboraron con los agentes de la Seguridad del Estado para acosarlo durante años. Después de todo, él es el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Pero su hermana Marcela, que vive con él, no tiene problemas en denunciar a los dos Caamaños y a un yerno que ahora viven en Miami.

“Lo primero que haría es mandarlos de regreso de Miami para acá”, afirmó Marcela. “No es rencor. Pero si mucha pena por mucha gente pasando dolor aquí, y ellos viviendo sin ningún tipo de preocupación”.

Crescencio Marino Rivero, ex jefe de prisiones en una provincia cubana, hizo titulares el mes pasado cuando fue acusado de abusar de algunos reos y ordenar a los guardias maltratar a otros antes de que se mudara hace dos años a Miami.

Pero cientos de otros cubanos con pasados desagradables también viven aquí, incluyendo a agentes de la Seguridad del Estado, chivatos (delatores) y colaboradores, jueces, policías y miembros de los Comités de Defensa de la Revolución.

La mayoría eran pequeñas piezas en la maquinaria de represión política del sistema comunista. No golpearon ni torturaron. Pero tampoco fueron inofensivos. Su trabajo pudo haber llevado a algunos disidentes a prisión o haber impedido que sus hijos entraran a las universidades.

Sin embargo, como cientos de miles de otros cubanos, eventualmente se mudaron a Miami, legal o ilegalmente, por razones válidas o sospechosas. Y sus víctimas se encolerizaron cuando vieron a quienes abusaron de ellos viviendo en la capital del exilio cubano.

“El caso es que me jodió mi vida”, afirmó José Varona, de 73 años, sobre el agente de la Seguridad del Estado cuyo testimonio en un juicio en 1973 ayudó a enviarlo por 6 años y medio a prisión. Varona fue liberado y se trasladó a Miami en 1979. El agente llegó hace dos años.

Frank Parodi, un agente retirado de la unidad contra los violadores de derechos humanos de la Policía de Inmigración y Aduanas, declaró que después que se anunció el arresto de un represor cubano en 1992, su oficina recibió 250 denuncias sobre otros represores que se encuentran en Miami. Parodi fue transferido a Washington con posterioridad y no sabe que sucedió con esos informes.

Elizardo Sánchez Santa Cruz indicó que en realidad “cientos y cientos” de oficiales y agentes de la Seguridad del Estado, la rama del Ministerio del Interior a cargo de la represión política, se trasladaron a Estados Unidos en años recientes. Irónicamente, agregó, algunos fueron en busca de un refugio.

“Los más avispados perciben que el régimen está en la fase final” y temen ataques vengativos, comentó Sánchez Santa Cruz por teléfono desde La Habana. “Están buscando ponerse a buen recaudo”.

Funcionarios del gobierno de EEUU reconocen que es difícil, si no imposible, separar las manzanas malas cuando los cubanos solicitan visas, residencias o ciudadanías de EEUU.

Agentes de la Seguridad del Estado usan pseudónimos para ocultar sus identidades cuando reprimen a disidentes, y Washington no parece tener grandes bases de datos que pudieran alertar de cubanos con pasados sucios.