Represores cubanos buscan refugio en Miami

 
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¿Crees que se debe conceder refugio en Miami a ex represores cubanos?

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El activista Elizardo Sánchez Santa Cruz afirma desde La Habana que no siente rencor por los Caamaños, vecinos que colaboraron con los agentes de la Seguridad del Estado para acosarlo durante años. Después de todo, él es el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Pero su hermana Marcela, que vive con él, no tiene problemas en denunciar a los dos Caamaños y a un yerno que ahora viven en Miami.

“Lo primero que haría es mandarlos de regreso de Miami para acá”, afirmó Marcela. “No es rencor. Pero si mucha pena por mucha gente pasando dolor aquí, y ellos viviendo sin ningún tipo de preocupación”.

Crescencio Marino Rivero, ex jefe de prisiones en una provincia cubana, hizo titulares el mes pasado cuando fue acusado de abusar de algunos reos y ordenar a los guardias maltratar a otros antes de que se mudara hace dos años a Miami.

Pero cientos de otros cubanos con pasados desagradables también viven aquí, incluyendo a agentes de la Seguridad del Estado, chivatos (delatores) y colaboradores, jueces, policías y miembros de los Comités de Defensa de la Revolución.

La mayoría eran pequeñas piezas en la maquinaria de represión política del sistema comunista. No golpearon ni torturaron. Pero tampoco fueron inofensivos. Su trabajo pudo haber llevado a algunos disidentes a prisión o haber impedido que sus hijos entraran a las universidades.

Sin embargo, como cientos de miles de otros cubanos, eventualmente se mudaron a Miami, legal o ilegalmente, por razones válidas o sospechosas. Y sus víctimas se encolerizaron cuando vieron a quienes abusaron de ellos viviendo en la capital del exilio cubano.

“El caso es que me jodió mi vida”, afirmó José Varona, de 73 años, sobre el agente de la Seguridad del Estado cuyo testimonio en un juicio en 1973 ayudó a enviarlo por 6 años y medio a prisión. Varona fue liberado y se trasladó a Miami en 1979. El agente llegó hace dos años.

Frank Parodi, un agente retirado de la unidad contra los violadores de derechos humanos de la Policía de Inmigración y Aduanas, declaró que después que se anunció el arresto de un represor cubano en 1992, su oficina recibió 250 denuncias sobre otros represores que se encuentran en Miami. Parodi fue transferido a Washington con posterioridad y no sabe que sucedió con esos informes.

Elizardo Sánchez Santa Cruz indicó que en realidad “cientos y cientos” de oficiales y agentes de la Seguridad del Estado, la rama del Ministerio del Interior a cargo de la represión política, se trasladaron a Estados Unidos en años recientes. Irónicamente, agregó, algunos fueron en busca de un refugio.

“Los más avispados perciben que el régimen está en la fase final” y temen ataques vengativos, comentó Sánchez Santa Cruz por teléfono desde La Habana. “Están buscando ponerse a buen recaudo”.

Funcionarios del gobierno de EEUU reconocen que es difícil, si no imposible, separar las manzanas malas cuando los cubanos solicitan visas, residencias o ciudadanías de EEUU.

Agentes de la Seguridad del Estado usan pseudónimos para ocultar sus identidades cuando reprimen a disidentes, y Washington no parece tener grandes bases de datos que pudieran alertar de cubanos con pasados sucios.

Marcela Sánchez Santa Cruz aseguró que alertó a los diplomáticos estadounidenses en La Habana que tres de sus vecinos, los Caamaño, habían obtenido visas de EEUU y se preparaban para partir. Ellos llegaron a Miami en el 2000 o el 2001.

En ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre EEUU y Cuba, La Habana no coopera confirmando los detalles personales de los cubanos que buscan visas o ciudadanías, y casi nunca acepta deportaciones provenientes de EEUU.

Rivero y su esposa aparentemente no revelaron en sus documentos para la visa o la residencia que habían tenido los rangos de coronel y capitán en el Ministerio del Interior y que habían pertenecido al Partido Comunista, hechos que podrían haber despertado una mayor atención a sus casos por parte de la autoridades de EEUU.

“Los chequeos y controles que tenemos para los inmigrantes de otras nacionalidades no han sido tan efectivos con los cubanos”, declaró Parodi. “Esas son personas que no deberían estar aquí, pero todo lo que tenemos es cualquier cosa que escriban en el papel. Y una vez que están en Miami, ya están dentro”.

Los ex agentes y colaboradores también pueden ser un riesgo de seguridad para el gobierno de EEUU, debido a que pueden cooperar con agentes de la inteligencia cubana, voluntariamente o bajo presión, explicó Elizardo Sánchez Santa Cruz.

Oscar Peña, activista de derechos humanos de Miami, apuntó que es tiempo de que los cubanos dejen de prestarle atención a viejas heridas, “no olvidar, pero trazar una línea mental y decir ‘esto se acaba ahora’”. Lo mismo va para los que residen en la isla y mantienen rencores contra los exiliados, agregó.

Pero eso es una idea difícil de aceptar para las víctimas, sus parientes y amigos.

Después de que El Nuevo Herald publicó la primera historia sobre Rivero, recibió una docena de quejas contra otros supuestos represores que se encuentran en el sur de la Florida.

Un hombre de Miami envió un correo electrónico al diario para denunciar a un juez de La Habana que según dijo, se negó a ayudar a un amigo mutuo encontrado culpable de un crimen no político en la década de 1980.

Otro alegó que un ex guardia de una prisión en la provincia de Camagüey llamado Eugenio Salgado había trabajado en el restaurante Palacio de los Jugos en la Calle Flagler. La dueña Apolonia Bermúdez dijo que Salgado se fue de allí hace 10 o 12 años y los esfuerzos de El Nuevo Herald por encontrarlo no tuvieron éxito.

Rodrigo de la Luz, un autor de Miami, indicó que se quedó aturdido hace algunos años cuando se encontró con el policía que observó pero no hizo nada mientras otro policía lo golpeaba hace 20 años en La Habana por faltarle al respeto durante su arresto.

“Yo estaba esposado y usted se rió”, recordó De la Luz, actualmente de 23 años, que le dijo al hombre, quien admitió que había sido policía pero negó haber abusado jamás de alguien e insistió que eso era historia antigua.

“Al fin y al cabo, todos estamos aquí” en Miami, agregó el hombre.

De la Luz dijo que denunció al ex policía ante el FBI, pero no sabe si esta agencia siguió adelante con el caso. Su nombre era José Luis, pero de la Luz no se recuerda si alguna vez supo su apellido.

Marcela Sánchez Santa Cruz, de 62 años, comentó que los Caamaño apoyaron enérgicamente al gobierno de Castro durante décadas y le permitieron a la Seguridad del Estado usar su casa, frente a la de ellos, como base y lugar permanente de una cámara de video que grababa a todos los visitantes de su hermano.

Un yerno, Ernesto Estévez, pinchó las gomas de los autos de algunos de los visitantes extranjeros de su hermano y en 1992 se unió a una violenta incursión de la policía en la que las autoridades se llevaron virtualmente todos los archivos de su hermano y rompieron los muebles de su oficina, agregó.

Estévez declaró a El Nuevo Herald que las familias Caamaño y Sánchez Santa Cruz tenían “diferencia de criterios políticos” pero negó que ayudara en la incursión de 1992 o pinchara las ruedas, o que los agentes de la Seguridad del Estado tuvieran una base y una cámara en la casa de los Caamaño.

El sólo vivió con los Caamaños porque estaba casado con una hija de ellos, explicó Estévez, y no compartía su fuerte apoyo al gobierno. “Yo era apático. Soy alérgico a la política. ¿Por qué piensan que dejé el país?” declaró.

Oscar Alvarez, otro vecino de Sánchez Santa Cruz que ahora vive en Miami, confirmó que en realidad había una cámara de video en la casa de Caamaño y que creía que Estévez era un oficial de la Seguridad del Estado. Estévez negó haber pertenecido a los cuerpos de seguridad del régimen.

Varona, actualmente un consultor de seguridad, confesó que aún está más que enojado con Eloy Mederos, el agente de la Seguridad del Estado, amigo de la niñez en Camagüey y testigo de la acusación en el juicio en que se le condenó por conspirar para derrocar al gobierno. El cargo era cierto, agregó.

Mederos, actualmente de unos 80 años, llegó a Miami hace dos años, señaló Varona. Los esfuerzos de El Nuevo Herald para contactar a Mederos en la dirección y número telefónico suministrado por Varona, y también localizarlo por otras vías, no tuvieron éxito.

Varona declaró que había denunciado a Mederos ante el FBI, agentes de inmigración y la oficina del senador federal Marco Rubio, y en un momento pensó en organizar un acto de protesta frente a la casa de Mederos.

“Lo menos que haría es darle una bofetada”, subrayó Varona a El Nuevo Herald en una entrevista.

En su lugar, envió por correo a Mederos una nota de una página, escrita en letras grandes y negras:

“6 años de prisión.

6 años de hambre.

6 años de frío.

6 años de sufrimiento.

Te falta la justicia divina”.

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