GUATEMALA -- Cientos de campesinos indígenas cuyos familiares murieron o desaparecieron durante la guerra civil aplaudieron y lloraron de emoción en enero, cuando un juez decidió juzgar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país en el punto más álgido del conflicto de 36 años. Una espera de décadas, durante las cuales se sentían desgarrados cada vez que antropólogos forenses descubrían una fosa clandestina en la que podían estar sus padres, hijos o hermanos, parecía estar llegando a su fin y pronto se haría justicia.

Diez meses después, no obstante, el que sería el primer juicio por genocidio que se le hace a un gobernante latinoamericano aún no ha comenzado. Ni tampoco avanza otro proceso por genocidio que se la inició a Ríos Montt en mayo. En total se le acusa de 266 acciones que provocaron la muerte de al menos 1,771 indígenas mayas, el desplazamiento de 29,000 personas y el asesinato de otros 201 campesinos en la aldea norteña de Dos Erres.

Los dos procesos están frenados por maniobras legales de los abogados del militar, quienes han presentado decenas de apelaciones e incluso arguyen que Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983, está cobijado por una ley de amnistía. Ahora se espera el fallo de la Corte de Constitucionalidad, la instancia judicial más alta de Guatemala, que debe decidir si Ríos Montt es cobijado por una amnistía o no.

En otros países latinoamericanos sus gobernantes han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad, pero Ríos Montt es el primero acusado de genocidio, cargo que implica el exterminio intencional de una raza o etnia.

Para Anita Isaacs, investigadora en temas sobre Guatemala y profesora de Ciencias Políticas de Haverford College en Pensilvania, los casos de Ríos Montt, quien está bajo arresto domiciliario, son prueba de cuánto ha cambiado el sistema judicial en país, pero también de cuánto queda por cambiar.

“Años atrás era impensable que Ríos Montt enfrentase un proceso así. Esto ilustra cuánto camino se ha recorrido y todo lo que queda por recorrer”, explicó a The Associated Press.

Para poder abrir estos procesos, que estuvieron estancados por décadas, se designó como jefa del Ministerio Público a la fiscal general Claudia Paz, una abogada promotora de los derechos humanos reconocida internacionalmente. Además, con el apoyo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se encuentra bajo un mandato especial de las Naciones Unidas, se crearon tribunales de alto riesgo especializados en casos de gran impacto.

Sin embargo, las decisiones de estos tribunales aún son apelables por tres cortes del organismo judicial, la más alta de las cuales es la Corte de Constitucionalidad.

Miguel Ángel Gálvez, juez del tribunal de alto riesgo de Primera Instancia Penal, a cargo del primer caso de genocidio conocido como el triángulo ixil por el grupo étnico de la zona, suspendió el proceso debido a las 13 apelaciones presentadas por la defensa.

“No me quedó otra que suspender el proceso”, dijo Gálvez a The Associated Press.

Además de las apelaciones, señaló, varios abogados de los ex militares pidieron su recusación, lo cual le impide seguir conociendo las mociones interpuestas hasta que la sala de apelaciones resuelva. De ser recusado, Gálvez sería el segundo juez removido del caso ixil después de la jueza Carol Patricia Flores en febrero.