Tallahassee -- Casi 2,000 trabajadores estatales están siendo desplazados por la administración del gobernador de la Florida, Rick Scott, debido a la mayor subcontratación del país en el cuidado de salud de las prisiones.

“Debido a la subcontratación de esta función, su puesto se eliminará”, se lee en una seca notificación de despido del Departamento Correccional, enviada a 1,890 empleados estatales en las pasadas dos semanas.

El Departamento Correccional firmó un contrato por $230 millones con Corizon Healthcare of Nashville para suministrar todo el cuidado de salud en las prisiones del centro y el norte de la Florida, y negocia los términos de un contrato con Wexford Health Sources de Pittsburgh para hacerse cargo del cuidado de la salud en nueve prisiones de la Florida por $48 millones al año.

En las cartas de despido, los funcionarios de prisiones enfatizan que los trabajadores despedidos serán los primeros considerados para los nuevos empleos en una de las dos empresas con fines de lucro, aunque con menos beneficios. Los trabajadores también esperan pagar más de sus bolsillos por su propio seguro de salud.

Muchos ganan menos de $35,000 anuales, no han tenido un aumento en seis años y viven en áreas afectadas económicamente donde se encuentran muchas prisiones estatales, incluyendo los condados de Bradford, Dixie, Levy, Suwannee y Union.

“Esto no es inesperado y comprendo que el estado trata de ahorrar dinero”, dijo Kurt Bertschinger, de 68 años y residente de Apollo Beach, un psiquiatra en la Institución Correccional de Union, en Raiford, a quien le pagan $115 la hora. “Mi preocupación es cuántos van a contratar para la fuerza laboral y quizás tendrán menos personas para hacer más y más trabajo”.

El portavoz Brian Fulton dijo que Corizon ofrece “un salario competitivo y paquetes de beneficios basados en estudios de mercado llevados a cabo en la Florida”.

El estado y Wexford firmaron un contrato de cinco años en el 2000 para suministrar cuidado de salud en las prisiones del Sur de la Florida. Wexford demandó al estado para obtener un aumento en las tasas y ganó, y el gobierno no renovó el contrato.

La más reciente subcontratación es aún algo no seguro.

Los sindicatos que representan a muchos trabajadores afectados regresarán el lunes a la corte, para desafiar la autoridad del estado para subcontratar el cuidado de salud sin una dirección legislativa específica.

“Esto es malo para los empleados que perderán su retiro y beneficios de salud, y probablemente salario”, dijo Doug Martin, portavoz de AFSCME. El llama a la privatización “un trato podrido para los contribuyentes” porque los ahorros de costos no han sido sustanciados.

La Legislatura escribió lenguaje en el presupuesto del año pasado que requiere que el sistema de prisiones ahorre decenas de millones de dólares anuales al privatizar el cuidado de salud para la población penal de la Florida de 100,000 internos.

Pero las demoras burocráticas atascaron el proyecto. El tiempo se agotó y la cláusula desapareció cuando un nuevo año fiscal comenzó el 1 de julio.

En septiembre, la Comisión Legislativa del Presupuesto le dio el visto bueno al sistema de prisiones para mover $57.7 millones entre las cuentas del presupuesto para pagar por privatizaciones durante el resto de su año presupuestal. Eso provocó una demanda del Consejo 79 de AFSCME, de la Federación de Médicos y Dentistas, y de la Alianza de Empleados y Profesionales del Cuidado de la Salud.