En una decisión que hizo aflorar encontradas reacciones y más de un llamado de atención sobre el estado de los derechos humanos, la Unión Europea (UE) autorizó a “explorar” la posibilidad de un acuerdo con Cuba. La medida podría abrir las puertas a una normalización de las relaciones bilaterales en el mediano plazo y superar la llamada “posición común” que rige la política con La Habana desde 1996.

El acuerdo de la UE establece la necesidad de esbozar una agenda de trabajo. La agenda debe incluir un paquete de lineamientos cuyo propósito no sea otro que debatir y negociar la posibilidad de un nuevo marco bilateral con la isla.

La posición común ha condicionado en los últimos años todo progreso a las relaciones bilaterales entre el bloque europeo y Cuba. Las limitaciones están sujetas a los avances que se registren en la isla sobre temas puntuales, como la democratización y el estado de los derechos humanos.

El acuerdo de abordar un proceso de carácter gradual responde al hecho de que hay países miembros del bloque europeo que se mantienen “sensibles” a la idea de una plena normalización de las relaciones con La Habana. Entre otras razones debido a las consistentes denuncias, dentro y fuera de Cuba, sobre maltratos y detenciones indiscriminadas.

“A partir de ahora lo que va a hacer la Comisión de la UE es establecer unas directrices para que se negocie este acuerdo de cooperación, que representa un paso adelante en la relación entre la Unión Europea y Cuba”, dijo Gonzalo de Benito, secretario de Estado español de Asuntos Exteriores. Según De Benito, la UE aprecia “una evolución positiva en Cuba” que hace posible avanzar hacia una nueva relación, explicó.

La posición común fue impulsada en 1996 por el gobierno conservador de España, que en ese momento estaba a cargo de José María Aznar. En términos generales las relaciones entre Cuba y la UE han pasado por altibajos.

Uno de los momentos más críticos se registró a comienzos de la pasada década tras una ola de detenciones masivas conocida como “Primavera Negra”. La redada condujo al arresto de 75 activistas pacíficos y periodistas independientes. La UE respondió con la imposición de sanciones diplomáticas de largo alcance.

La posibilidad de hacer a un lado la “postura común” coincide con denuncias sobre el estado de las filas opositoras y la libertad de movimiento de la sociedad civil.

Recientemente grupos de derechos humanos han registrado al menos 520 detenciones por motivos políticos en la isla durante el mes de octubre. En ese contexto, el total de prisioneros políticos ha aumentado de 60, a fines del pasado año, a 82 sancionados o procesados por motivos políticos, según un reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana.

En Miami y Washington el anuncio generó encontradas reacciones entre exiliados y legisladores cubanoamericanos.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, férrea opositora a cualquier acercamiento con Cuba, calificó de extremadamente perturbador que la UE considere una agenda de trabajo o análisis de esta naturaleza.