GALLIFA -- El pequeño municipio catalán de Gallifa no ha querido esperar al posible referéndum de autodeterminación en esta región del noreste de España y se ha independizado simbólicamente de España dejando de pagar los impuestos de sus empleados al Estado central.

El alcalde Jordi Fornés, del partido Solidaritat per la Independencia (SI), no pagó el último trimestre del impuesto sobre la renta de sus funcionarios a la Agencia Tributaria Española, convirtiendo al municipio en el primer “insumiso fiscal”.

Sin embargo, matiza que el total de 1,662 euros “no es que no se pague, sino que se pagó a la hacienda catalana que a su vez lo pagará a la agencia tributaria española”.

Rodeado de altas colinas y situado en un valle casi paradisíaco, coloreado por los primeros ocres del otoño, Gallifa es un pueblo del que existe constancia desde hace más de 1.000 años como atestiguan las cuatro ermitas románicas aún existentes.

Aunque pequeño, el pueblo respira independentismo como muestra las “esteladas”, banderas independentistas que cuelgan de algunos de sus edificios, incluido el ayuntamiento.

“Nos hemos proclamado territorio libre y soberano de Cataluña”, explica Fornés en francés o en catalán ya que evitó hablar en castellano a AFP, porque “contra el castellano no tengo nada sino que me expreso mejor en catalán”.

Fornés aclaró que “no hubo un referéndum a nivel nacional, sino local. Aquí en Gallifa hubo un 51 por ciento de participación, con 82 por ciento de los votos afirmativos, un 10 por ciento negativos y 6 por ciento en blanco”.

Gallifa es un pequeño municipio de la comarca del Vallés Occidental (noreste de Barcelona) con unos 200 habitantes en el que SI cuenta con la mayoría suficiente en el consistorio para aprobar por unanimidad las declaraciones de “territorio libre y soberano” y de “insumisión fiscal”.

Fornés está convencido de que una Cataluña independiente seguiría en la Unión Europea y “nuestra economía empezará a marchar, porque ahora no lo hace. Son miles de millones que nos faltan para mejorar, entre otras cosas, las infraestructuras”.

Las opiniones, sin embargo, varían en este pueblo casi vacío, que debe ser uno de los pocos en España en el que no hay un bar o un café, aunque los fines de semana funciona un restaurante y en el que se ve poca gente en sus callejuelas, algunas de tierra.

Cati Dorado Montero, de 43 años, hija de inmigrantes extremeños, secretaria en el ayuntamiento, se siente “profundamente catalana” y se declara muy de acuerdo con la decisión de su alcalde, porque Cataluña sufre un “acoso cultural, económico y político que no puede seguir”, pero admite que su padre, extremeño de 78 años, “lo tiene más difícil para entender” la independencia.

Lo que los independentistas dicen que es un “expolio fiscal” por el resto de España, suma 16,000 millones de euros anuales.