Washington -- La reforma sanitaria del gobierno de Obama sobrevivió la prueba de fuego del Tribunal Supremo, pero ahora afronta una cruzada de líderes republicanos que se niegan a aplicarla en sus estados, mientras una gran parte de la población apenas conoce sus beneficios.

La derrota de los republicanos en la contienda presidencial el pasado 6 de noviembre insufló vida a la reforma sanitaria de 2010, ya que la oposición prometió revocarla si ganaba la Casa Blanca. El Tribunal Supremo ya la había avalado a finales de junio pasado, en un histórico fallo por 5 contra 4.

Sin embargo, los detractores de la reforma sanitaria, en su mayoría republicanos, buscan debilitarla o bloquear su aplicación a través de complejas medidas estatales.

La reforma sanitaria exige que la mayoría de los estadounidenses adquiera un plan de salud para 2014, so pena de multas.

También prohíbe que las aseguradoras discriminen a personas con dolencias previas, y amplía el programa de Medicaid para pobres y discapacitados, entre otros detalles.

Los gobernadores de Louisiana, Pennsylvania y Carolina del Sur, todos republicanos, han dejado en claro que, aun si reciben ayuda del gobierno federal, rechazarán el componente de la reforma sanitaria que busca ampliar el programa de Medicaid.

La expansión del Medicaid garantizaría cobertura médica a unos 17 millones de personas. Si los gobiernos estatales se oponen a esa medida, millones de pobres correrían el riesgo de quedarse sin cobertura médica y sin acceso a cuidados preventivos.

Una decena de gobernadores republicanos, entre ellos los de Ohio, Texas y Oklahoma, se niegan a poner en marcha los llamados “intercambios de seguros” estatales por internet, que conforman el principal instrumento de la reforma sanitaria para garantizar la cobertura médica a partir de 2014.

Pero los republicanos también han criticado la idea de que el gobierno federal elabore y administre su propio “intercambio”.

Estados como Tennessee, Pennsylvania, Idaho, Arizona, Wisconsin y Nueva Jersey aún no han decidido qué hacer con los “intercambios estatales” –tienen de plazo hasta el 14 de diciembre próximo–, mientras que el resto ha indicado que piensa formar alianzas con el gobierno federal o permitir que éste lo ponga en marcha en sus estados, según la Fundación Kaiser.

En general, los conservadores se mantienen firmes en su oposición a la reforma sanitaria.