Un hombre de Miami que podría enfrentar deportación por una acusación de tráfico de drogas de hace 11 años no es elegible para que se le desestime, dictaminó el miércoles el Tribunal Supremo de la Florida.

Gabriel Hernández, quien es ahora un próspero administrador de informática en un banco, había pedido a un tribunal de Miami que desestimara su declaración de culpabilidad de tráfico de drogas en el 2001, diciendo que su abogado no le había advertido debidamente que eso podría causar su deportación a su nativa Nicaragua.

Lo mismo que cientos de acusados en el estado, Hernández presentó su solicitud después de que el Tribunal Supremo federal desestimara la declaración de culpabilidad de un hombre de Kentucky, José Padilla, en marzo del 2010, ya que su abogado no le había avisado de que él podría ser deportado tras declararse culpable.

Pero un juez de Miami denegó la petición de Hernández. Y el Tercer Tribunal de Apelaciones de Distrito dictaminó que el caso de Padilla no se aplica a casos anteriores como el de Hernández.

El miércoles, el Tribunal Supremo de la Florida acordó unánimemente que el caso de Padilla no es “retroactivo”. El tribunal había dictaminado que acusados actuales y futuros de la Florida tienen el derecho de alegar que sus abogados fueron “ineficaces” por no avisarles debidamente de la posibilidad de deportación.

El tema de la “retroactividad” ha sido seguido de cerca en círculos legales, mientras miles de personas de todo el país — quienes podrían enfrentar la deportación a causa de declaraciones de culpabilidad anteriores — buscaban amparo bajo el caso de Padilla.

La decisión del miércoles en la Florida no es la final para Hernández.

En última instancia, el Tribunal Supremo de EEUU decidirá si su propio dictamen sobre Padilla puede aplicarse retroactivamente.

El mes pasado, el Supremo de la nación escuchó argumentos a favor y en contra de una mujer de Chicago, Roselva Chaidez, quien enfrenta deportación por una declaración de culpabilidad por fraude de 9 años atrás. No se ha hecho dictamen alguno hasta el momento.

Hernández vino a Estados Unidos de Nicaragua cuando tenía 2 años. Ahora de 30 años y residente legal, él tiene un diploma de bachillerato y ha tenido éxito en su carrera como administrador de informática para un grupo bancario de Miami.

Su única mácula ocurrió a los 19 años, cuando fue arrestado por cargos de vender LSD.

De una manera típica para infractores primerizos, Hernández se declaró culpable y aceptó un año de libertad condicional a cambio de la promesa de que no aparecería ningún delito de mayor cuantía en su expediente. Pero Hernández insiste en que él nunca supo que el acuerdo extrajudicial de culpabilidad podría llevarlo a ser deportado a Nicaragua.

El Tribunal Supremo de la Florida dictaminó además el miércoles sobre el mismo problema en el caso adjunto de Leduan Díaz de Miami. Su abogada, Maggie Arias, dijo que ella “tenía la esperanza” de que el Tribunal Supremo federal llegue a un dictamen distinto y concluya que el caso de Padilla se aplica a todos.

“Eso aseguraría que se haga justicia y se facilite el debido proceso judicial a personas que hayan recibido asesoría ineficaz por parte de sus abogados”, dijo Arias, quien lo representó conjuntamente con Benji Waxman.