BUENOS AIRES -- El Gobierno de Argentina anunció el jueves que agotará las vías legales contra un fallo judicial en EEUU que le ordenó pagar unos $1,300 millones a tenedores de bonos argentinos no reestructurados antes del 15 de diciembre.

“El lunes vamos a pedir la revisión (del fallo) ante la Cámara (de Apelaciones) de EEUU”, dijo el ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino.

El juez federal Thomas Griesa acogió en su fallo, dictado el miércoles por la noche, las demandas de los fondos de inversión NML y Aurelius, que exigen el pago del total de los bonos soberanos argentinos en su poder.

Esos fondos rechazaron entrar en las reestructuraciones de la deuda argentina planteadas en el 2005 y el 2010 por el Gobierno del país suramericano tras el cese de pagos del 2001.

Lorenzino subrayó que Griesa “no tiene en esta instancia potestad para resolver sobre ningún aspecto” del conflicto legal planteado por los fondos especulativos que han demandado a Argentina.

El fallo de Griesa sorprendió al Gobierno y sacudió los mercados. La bolsa de Buenos Aires cayó un 3.3 por ciento y los títulos públicos bajaron hasta un 14 por ciento, aunque al final de la jornada el mayor retroceso, 7.26 por ciento, fue para el cupón PBI.

En su resolución, el juez mencionó declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández en la que advirtieron que no pagarían a los fondos que no aceptaron el canje de la deuda tras la crisis del 2001.

“Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto y requieren una acción”, señaló Griesa.

“Pagarle a los ”buitres“ (fondos especulativos) no sólo es injusto sino ilegal en nuestra normativa interna”, afirmó Lorenzino.

A juicio del titular argentino de Economía, “de confirmarse la decisión, se sentaría un precedente muy negativo para actuales o futuros procesos de reestructuración de deuda” en todo el mundo.

“Seguimos confiando en que justicia de Estados Unidos va a resolver esta cuestión de forma de no afectar a Argentina, a sus legítimos acreedores y al contexto internacional”, agregó.

Los demandantes no se acogieron a las reestructuraciones de deuda de Argentina, en la que entraron el 93 por ciento de los propietarios de bonos argentinos, a quienes el Gobierno se comprometió a pagar un total $3,300 millones por sus bonos el próximo diciembre.

El economista Pablo Tigani, de la Fundación Esperanza, declaró a Efe que las consecuencias inmediatas para Argentina no son preocupantes y descartó la posibilidad de un “default” (cese de pagos) porque “se encontrarán los mecanismos legales, que los hay, para cumplir con acreedores que entraron en el canje”.

“Hay otras instancias jurídicas donde creo que va a prevalecer el sentido común”, indicó el especialista, que opinó que fallos de este tipo pueden sentar un precedente para otros casos similares, como el endeudamiento de los países europeos en crisis.

También para el economista y ex secretario de Hacienda Daniel Artana “todavía hay una esperanza” porque Argentina tiene instancias legales para recurrir en Estados Unidos.

La presión no se limita a Estados Unidos. A consecuencia de una demanda de NML, el buque insignia de la Armada argentina, la fragata Libertad, está retenido desde el 2 de octubre en el puerto ghanés de Tema.

El Gobierno argentino ha recurrido al Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), donde la semana próxima se celebrarán audiencias sobre este conflicto.