Caracas -- El caso de la magistrada María Lourdes Afiuni, detenida desde hace casi tres años por una decisión que despertó la condena internacional, cobró el viernes un nuevo e inesperado giro con la publicación de un libro en el que la jueza asegura que fue violada en prisión.

Detenida en diciembre del 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos, acto que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a pedir públicamente su condena, Afiuni denunció en un libro que fue violada mientras estuvo recluida en una cárcel de Caracas hasta febrero del 2010.

Según su relato, a consecuencia de la violación quedó embarazada, pero tuvo un aborto en la cárcel.

En la primera reacción pública por parte del Ejecutivo tras la denuncia, la ministra para la Mujer, Nancy Pérez, afirmó que no se ha recibido ninguna denuncia sobre la supuesta violación, pero aseguró que si hay culpables serán castigados.

Desde febrero del 2010, Afiuni está en prisión domiciliaria por motivos de salud con prohibición de hablar con los periodistas.

La jueza, de 46 años, logró este año ser atendida por médicos de su confianza.

El hermano mayor de la jueza, Nelson Afiuni, dijo el viernes tras enterarse de la revelación de su hermana: “Estamos consternados; no sé qué decir. En la familia no sabíamos que hubiera pasado algo así, adicional a todo lo ya monstruoso que le sucede”.

La jueza confesó el asunto al periodista Francisco Olivares, quien escribió el libro Afiuni. La presa del comandante, presentado el viernes en Caracas, aunque algunos medios locales, como el diario Últimas Noticias ya publicaron algunos fragmentos.

“A mí me sacaron el útero, pero me encontraron seis mioma. Yo tuve una pérdida en el penal”, dijo la jueza tras insistir en que fue “abusada sexualmente en la cárcel” donde, además, fue víctima de otras presas que le propinaron golpizas y la atacaron con armas blancas.

El abogado de la jueza detenida, José Graterol, dijo que considera a Chávez el “culpable de lo sucedido” en prisión con Afiuni y explicó que el asunto se mantuvo en secreto hasta hoy “por recomendación de psiquiatras” que consideran que “ventilarse públicamente algo así se convierte en una segunda violación”.

No obstante, el abogado aseguró que Chávez “sabía” lo que había pasado y que por todo ello “él es el culpable”.

En declaraciones posteriores, Graterol manifestó su confianza en que “el Ministerio Público que ya tenga conocimiento por medio del libro y medios de comunicación” del delito inicie “la investigación de este hecho punible”.

Agregó que el delito fue realizado por miembros del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) que Afiuni tiene “totalmente identificados”.

“A mi no me ha llegado ningún tipo de denuncia de violencia contra la jueza. En caso de que nos llegue, actuaremos en consecuencia”, declaró por su parte la ministra Pérez a la emisora caraqueña Unión Radio.

“Estoy segura, conociendo la justicia que en Venezuela se ha venido implementado, que en caso de que sea cierto, se tomarán las medidas y las sanciones a que tenga lugar”, remarcó.

El proceso contra la magistrada se encuentra paralizado desde abril del año pasado debido a la decisión de Afiuni de no comparecer ante los diferentes jueces que han estado encargados de la causa alegando la falta de imparcialidad del tribunal.

Chávez aseguró el 11 de diciembre del 2009 que Afiuni era una “bandida” que se había aliado a abogados, alguaciles y secretarias del tribunal que dirigía para facilitar la fuga del banquero y empresario Eligio Cedeño.

El banquero había sido llevado ante la jueza el 10 de diciembre de 2009 para una audiencia que, según el gobernante, se cumplió sin la presencia del fiscal.

Horas después se informó de que Cedeño se había fugado para eludir el proceso que afronta por operaciones cambiarias ilegales, por el cual estuvo en prisión tres años a la espera de una sentencia en firme.

Chávez remarcó entonces que Afiuni debía ser condenada a la pena carcelaria mayor, que en Venezuela es de 30 años de presidio.

Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han solicitado la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.