PHOENIX, Arizona -- Antes de marcar la pauta para que otros estados aplicaran leyes migratorias más estrictas, Arizona aprobó en 2005 una medida contra el tráfico de personas, que ha causado más de 2,000 arrestos y ha sido blanco de críticas, pues mucha gente que paga por meterse a Estados Unidos es acusada de asociación ilícita con el contrabandista. Abogados y defensores de derechos de inmigrantes han apelado esa ley.

Un 75 por ciento de las personas acusadas bajo esta ley en el condado más grande del estado, desde que entró en vigor en 2008, han sido acusadas de asociación ilícita para introducirse al país. Ello ha derivado en quejas de los defensores de los inmigrantes, quienes consideran que el estatuto original tenía el objetivo de castigar principalmente a los traficantes de personas, normalmente violentos, no a quienes recurren a sus servicios ilegales.

“Simplemente es un uso equivocado de la ley”, dijo Antonio Bustamante, uno de los abogados que están apelando la ley.

La demanda que busca impedir los procesos por asociación ilícita se está intensificando, mientras abogados del condado de Maricopa pidieron recientemente a un juez desechar el caso.

Por su parte, los defensores de los inmigrantes buscan el estatus de demanda colectiva que permitiría que cualquier persona procesada por asociación ilícita bajo la ley de tráfico de personas pueda unirse al caso.

La ley contra el tráfico de personas se aprobó en 2005 cuando los legisladores respondieron a la frustración por el hecho de que Arizona se había convertido en el punto de mayor tráfico de inmigrantes. Marcó la segunda ley importante del estado en materia migratoria y en 2010 siguió una medida de amplio alcance, que autorizó a la policía a verificar el estatus migratorio en ciertos casos e inspiró iniciativas similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la ley de 2010 para que los agentes pudieran verificar el estatus migratorio de aquellas personas que detuvieran por otros motivos y fueran sospechosas de estar en el país sin autorización. Pero el máximo tribunal prohibió a los policías aplicar otros artículos de la ley, como que los inmigrantes obtuvieran o portaran sus documentos migratorios.

Los abogados que están apelando los procesos por asociación ilícita en Arizona consideran que la ley migratoria federal está por encima de la política de acusar a los clientes de los traficantes. Los abogados de los fiscales en el condado Maricopa y del alguacil Joe Arpaio rechazan la demanda y opinan que la táctica no está en conflicto con la ley federal.

Argumentan además que la ley de Arizona permite que la gente sea acusada de asociación ilícita, aunque no sea sentenciada por ese crimen en sí.

“La política no tiene nada que ver con la entrada o residencia de foráneos que ingresan ilegalmente a este país”, dijo en documentos judiciales Tim Casey, abogado de los funcionarios del condado. “La política regula sólo la conducta criminal que involucra el tráfico de extranjeros ilegales”.

Casey no respondió a los mensajes que le solicitaban más opiniones al respecto.