SANTO DOMINGO -- El gobierno del presidente dominicano, Danilo Medina, arribó el sábado a los 100 días bajo felicitaciones de la parcela oficialista, una aceptación cautelosa entre la población y fuertes ataques de sectores sociales y de la oposición que rechazan la recién aprobada reforma tributaria.
El gobernante se ha empeñado en este período en trabajar enfocado en su plataforma de gobierno, haciendo caso omiso a incesantes reclamos de grupos sociales de clase media y media alta para que inicie acciones judiciales contra altos cargos de la pasada gestión que acusan de corruptos.
Medina ha causado una buena impresión entre los ciudadanos con gestos como el visitar y llevar ayuda a los afectados por desastres naturales y de supervisar en persona trabajos de infraestructura.
Desde que asumió el poder el 16 de agosto, este economista de 61 años ha impuesto un estilo austero y frugal que marca la diferencia con su antecesor, Leonel Fernández, más inclinado hacia el boato y la espectacularidad.
Muestra de esto es que en los dos viajes que ha realizado al exterior solo se ha hecho acompañar por una muy reducida comitiva, y ha regresado al país inmediatamente cumple su agenda.El mandatario prometió que a partir del año próximo el país destinará el 4 por ciento del Producto Interno Bbruto (PIB) a la educación preuniversitaria tal y como lo ordena la ley, creó un ambicioso plan para eliminar en dos años el analfabetismo que afecta a más de 700,000 dominicanos, y dispuso un fondo de 10,000 millones de pesos (unos $250 millones) en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa.
Dispuso también el incremento de los beneficios del programa Solidaridad que otorga ayuda económica a centenares de miles de familias pobres, hizo firmar a sus funcionarios un código de ética y logró reducir el gasto público en 6,000 millones de pesos (unos $172.5 millones) con una serie de medidas de austeridad. Además, creó la ventanilla única de inversión (VUI) que otorga facilidades y seguridades a los inversionistas extranjeros y locales, y dispuso que se otorguen títulos de propiedad a miles de personas que ocupan errenos estatales.






























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